24 de November de 2011 00:01

Un pedido a la Asamblea para que audite gasto oficial en propaganda

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‘Que conste que digo prensa nacional y no prensa corrupta”, apuntó con cierta ironía, Lourdes Tibán, legisladora de Pachakutik.

Esto al indicar dónde debían ubicarse los periodistas, los delegados de Fundamedios y de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), en la sala de reuniones de la Comisión de Derechos Colectivos.

Ayer, en esa mesa, fueron recibidos Diego Cornejo, director ejecutivo de la Aedep; Mauricio Alarcón y César Ricaurte, de Fundamedios; Wilson Cabrera, de la radio la Voz de la Esmeralda Oriental (Macas); Mónica Almeida (El Universo) y Christian Zurita, uno de los autores del libro ‘El Gran Hermano’, a quienes el Presidente demandó por USD 10 millones por “daño moral”.

Son los peticionarios que fueron a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington el 25 de octubre. Cornejo contó que acudieron para solicitar a la CIDH que realice una visita ‘in loco’ (en el lugar) al Ecuador, y constatar el estado de la libertad de expresión.

Mostraron un video, en el que aparecen extractos de los enlaces sabatinos, en los cuales el presidente Rafael Correa se refiere a la prensa y a los diarios con duros epítetos y otras descalificaciones.

Cornejo, quien también es periodista, denunció que todos los peticionarios han sido “represaliados por el aparato de propaganda del Gobierno; se ha pretendido desprestigiarnos”.

El viernes 28 de octubre, tres días después de la audiencia se transmitió una cadena nacional de radio, que duró ocho minutos.

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En ella se los acusó de mentirosos. Y a partir del primero de este mes, en horario estelar, se emitieron cadenas televisivas en su contra por una hora y 30 minutos. Según Alarcón, no se les ha dado el derecho a la réplica.

Zurita pidió a los asambleístas hacer un seguimiento de cómo se usarán más de USD 129 millones, rubro para difusión publicitaria, que consta en la Pro forma presupuestaria del 2012. Y dos partidas complementarias, parte del sistema de comunicación.

“Una parte se usará en cadenas de radio y TV contra ciudadanos. Otra en asignaciones a periódicos públicos como El Telégrafo, PP, Radio Pública y El Ciudadano. Y en Fenton Communications, que envía comunicados desde EE.UU. , para decir que acá hay libertad de expresión”.

Marco Murillo (A. Libertad) aclaró que no querían crear falsas ilusiones sobre el poder de la comisión. Como las demás tiene entre sus atribuciones, la facultad de recibir, analizar y tramitar pedidos de fiscalización y control político a las cinco funciones del Estado y otros órganos de poder público. También requerir a servidores información.

Propuso crear una subcomisión para hacer seguimiento al tema. Dijo que durante el debate de la Pro forma pedirán un pronunciamiento sobre el rubro de propaganda. “Los periodistas de medios incautados están viviendo su Navidad adelantada con los latisueldos”, acotó.

Galo Lara (PSP) anunció que pedirá la comparecencia de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, para que “rinda cuentas sobre el dinero público gastado en cadenas nacionales a través de las que persigue, injuria y calumnia a los ciudadanos que no piensan como el Gobierno”.

César Montúfar apuntó que la Asamblea no podía llamar a juicio político a los secretarios del rango de Alvarado. El asambleísta de Concertación asistió a la reunión pese a no pertenecer a esta mesa, igual que Enrique Herrería y Diana Atamaint.


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