9 de December de 2011 00:02

Pazmiño evitó comentar sobre la acusación fiscal

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La próxima semana la Corte Nacional de Justicia fijará el día y la hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, por el supuesto delito de cohecho en el caso de Cervecería Nacional.

La etapa de indagación previa por este caso se abrió el 4 de febrero pasado, luego de la denuncia presentada por el asambleísta Galo Lara (PSP). Él reveló que Alfredo Larrea Jijón aceptó USD 550 000 como pago de honorarios en su calidad de abogado de la empresa cervecera. Esto dentro del litigio entablado por sus ex empleados, quienes reclaman el pago de utilidades. El implicado es hermano de Arturo Larrea, entonces secretario de la CC.

Dicho monto, según el asambleísta Lara, formaba parte de un supuesto soborno de USD 1,05 millones para que la CC emitiera una sentencia a favor de Cervecería Nacional. El caso llegó a manos del máximo órgano de control constitucional luego de que las acciones de protección que los ex empleados de la Cervecería plantearon en la justicia ordinaria tuvieron que resolverse en última instancia a fuerza de impugnaciones y apelaciones.

Según la Fiscalía, que el lunes pasado hizo el pedido oficial a la Corte Nacional para que inicie el proceso de juzgamiento, se encontraron suficientes argumentos para iniciar el juicio en contra de Pazmiño y de los otros tres imputados: los hermanos Larrea y el representante legal de esa compañía, Roberto Jarrín.

El caso está en análisis del juez Milton Peñarreta, de la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional, quien fue delegado por el Pleno. Él deberá resolver la instrucción fiscal, pero el juzgamiento le corresponde al Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

Una vez que se defina la fecha de la audiencia, el fiscal subrogante, César Morales, encargado del caso, deberá presentar sus argumentos en contra de Pazmiño, y de los otros tres imputados, para dar paso al juicio.

Ninguno de ellos todavía ha sido notificado. Ayer, desde su despacho en la CC, Pazmiño señaló que asistirá a la Corte Nacional para conocer la decisión de la Fiscalía, y que luego de ello se pronunciará.

“Oficialmente no he sido notificado. Tengo que leer el expediente porque no he conocido nada oficialmente, excepto lo que está en los medios…”. “ (La denuncia de Galo Lara) es parte del proceso, eso tiene que dilucidarse y demostrarse, no solamente decirse, por lo tanto vuelvo a decir que sobre el tema yo no me pronunciaré porque como juez respeto el ámbito jurisdiccional”, concluyó.

Otros miembros de la Corte Constitucional han preferido no hablar al respecto, pues consideran que vincular a la CC con este supuesto escándalo de corrupción es algo muy delicado, por lo que es preferible mantener serenidad mientras avanza el juicio.

Para el Consejo de Participación Ciudadana, entidad encargada de nominar a las autoridades de control del Estado, este caso obliga a apretar el acelerador en la designación de la nueva CC. El vocal Luis Pachala aseguró que no es de su competencia analizar si está bien o mal el proceso en contra de Pazmiño, pero aclaró que para febrero del próximo año ya se tendrá una nueva Corte, la misma que deberá surgir de un proceso transparente.

Jacqueline Vallejo, procuradora común de los trabajadores y ex trabajadores de Cervecería, confirma que la acción de la Fiscalía demuestra que hubo “irregularidades en el proceso”. Por ello, espera que se sancione a los responsables y que se ejecute la sentencia que en primera instancia les dio la razón a los ex trabajadores de la Cervecería. Ellos reclamaban el pago de USD 90,9 millones como utilidades.

Trabajadores y Gobierno llamados a la CC

El Pleno de la Corte Constitucional (CC) acogió ayer el pedido de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (Fenasep) de llamar a una audiencia pública a las partes involucradas  en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra  el Decreto Ejecutivo 813.

El pasado 12 de julio entró en vigencia la normativa que establece la compra de renuncias obligatorias. Casi cuatro meses después, el 28 de octubre, el Régimen utilizó lo  dispuesto en el documento y desvinculó del sector público a  2  700 trabajadores.
 
Antes de  esta acción, entre julio y agosto, se interpusieron tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto. Una de ellas fue de la Fenasep, cuyo presidente, Miguel García, hizo hace una semana un pedido a la CC para exponer sus argumentos.  
 
“El juez sustanciador, Ricardo Bhrunnis, habló de  que las partes debían presentar sus criterios. Antes que haya una resolución de la Corte sobre la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo  813 debería hacerse una audiencia”.

Eso fue lo que se decidió ayer con el voto a favor de nueve magistrados, incluido el mismo Bhrunnis. La audiencia,  en la que deberán participar los representantes de los trabajadores y del Gobierno, se realizará desde  las 09:30 del próximo 14 de diciembre.
 
Esta decisión llegó sorpresivamente,  ya que para ayer estaba prevista la  votación sobre el informe de Bhrunnis  respecto de  la inconstitucionalidad, el cual debía recoger las observaciones realizadas al texto original presentando al Pleno la semana pasada.

Mientras esto sucede,  los abogados de los trabajadores despedidos definen las acciones que tomarán en el caso de que luego de la audiencia no se declare la inconstitucionalidad del Decreto.

“El siguiente paso es interponer demandas en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Estimo que yo trabajaré en la presentación de unas 50 a 100 demandas ”, dijo el abogado laboral  Joaquín Viteri.

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