El asambleísta Galo Lara organizó “la bienvenida” al presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, en la Fiscalía General.
Él y su equipo de asesores repartieron a los periodistas una réplica del cheque que recibió Alfredo Larrea Jijón, ex asesor legal de la Cervecería Nacional en el litigio con un grupo de ex empleados. En ese documento, hecho de cartón, se había colocado la frase la ‘La Chupacorte’, que es el apelativo que utiliza Lara para referirse a la Corte Constitucional.
En este escenario, Patricio Pazmiño llegó a la Fiscalía General del Estado 10 minutos antes de la hora pactada para la recepción de su testimonio. El sábado último, el Ministerio Público lo convocó por tercera ocasión y bajo prevenciones de ley para que entregase su versión sobre las supuestas irregularidades en el trámite del caso de la Cervecería Nacional en la Corte Constitucional.
Pazmiño no había acudido en dos ocasiones a la Fiscalía. La primera llamada fue el 28 de febrero pasado. En esa ocasión el Presidente de la Corte Constitucional no acudió porque tenía una cita con el ministro de Justicia, José Serrano. La segunda convocatoria ocurrió el jueves de la semana pasada; Pazmiño no fue a la Fiscalía General porque tuvo una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa.
A su llegada, Pazmiño aclaró que sus dos faltas fueron porque tenía “actos oficiales” de la Corte, mas no fueron actos de “rebeldía” frente a la Fiscalía General.
El Presidente de la Corte Constitucional fue recibido por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, porque el titular de la entidad investigativa, Washington Pesántez, no estuvo en esa dependencia. En la mañana, Pesántez participó en la apertura de la casa abierta de la Fiscalía en Quito.
La recepción del testimonio de Pazmiño duró 80 minutos. A su salida de la diligencia, aseveró que el proceso de investigación debe continuar para verificar la veracidad de la denuncia que presentó el legislador Lara. “Mi declaración ahora es parte del expediente procesal. Yo he venido a cumplir con mi obligación moral, ética y constitucional”, aseveró el titular de la Corte.
Según el asambleísta, Galo Lara, la declaración no aportó con detalles importantes para definir la investigación sobre las supuestas coimas. “No se acordaba quién tramitó el litigio de la Cervecería en la Corte, tampoco quiso explicar cómo contrató a Alfredo Larrea para que fuera su asesor en el 2007 y no entregó ningún documento sobre la deuda que supuestamente mantiene con el homónimo Alfredo Larrea Cuenca”. La Fiscalía General del Estado seguirá con el proceso de indagación. Para la próxima semana está prevista la recepción de nuevos testimonios y más diligencias.
Se dilata el caso de la Cervecería
Los plazos para que la Cervecería Nacional (CN) pague los USD 90,9 millones más intereses a los ex trabajadores no se concretan. Hasta ayer la Tercera Sala de lo Penal no enviaba el expediente del caso al juez XII de lo Civil de Guayaquil para que lo ejecute.
Carlos Andreta, abogado de la CN, contó que esperan que se ejecute la sentencia de pago que señaló la Tercera Sala para presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. “La sentencia es ilegal, injusta e inconstitucional. La Procuraduría y el Ministerio Laboral que también se incluyen en el proceso ya presentaron una aclaración y ampliación de la sentencia porque no se la entiende”.
Ayer los trabajadores de la cervecería apoyaron a los directivos y cuestionaron a los ex obreros que demandaron a la empresa. Hicieron una marcha en los exteriores de la planta.
Mientras que los ex trabajadores esperan la ejecución de la sentencia. Arturo Cervantes, representante de los ex empleados, dijo que no sabe por qué se demora en ejecutarse una sentencia que salió hace una semana. “Ahora dicen que el plazo corre desde la otra semana y así nos tienen. Esperamos con paciencia pero no dejaremos de vigilar”.
Unos mil trabajadores de la Cervecería Nacional hacen hoy un plantón en la Asamblea Nacional.