3 de March de 2010 00:00

La participación ciudadana se burocratizó

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Redacción Política

Una de las promesas del proyecto político de Alianza País ha sido fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, el concurso para integrar el organismo rector de este sistema se volvió burocrático y poco incluyente.

El proceso de selección de los 14 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está a punto de concluir. A pesar de la expectativa que este ha generado, no se ha podido despejar una interrogante fundamental: ¿Los nuevos consejeros realmente representarán a la sociedad civil? Es una duda sobre la que, desde su visión, ciudadanos y activistas sociales reflexionan. Franklin Andrade, del gremio de artesanos, ni siquiera conoce el proceso del concurso. “No nos sentimos parte de esto, pese a que supuestamente nos representan”, precisó.

Ecuador se ha caracterizado por tener momentos de una compleja y espontánea acción colectiva. Esta ha llegado, incluso, a determinar la suerte de presidentes de la República, como Lucio Gutiérrez. Fue el caso de la rebelión de los forajidos.

También, y como muestra de rechazo a las estructuras partidistas y a las instituciones, movimientos sociales como el indígena han logrado marcar hitos en el país.

Ante esta característica nacional, la Constitución de Montecristi se planteó encauzar la participación ciudadana como parte de las instituciones del Estado.

Pero, ¿terminó burocratizando un comportamiento social caracterizado por su independencia e improvisación? Ruth Hidalgo, directora de la corporación Participación Ciudadana, organización con un perfil ‘no político’ y representante de la sociedad civil es crítica. Dice que se buscó despolitizar a los órganos de control, pero duda de los resultados. A su juicio, la normativa con la que partió el concurso fue diseñada para que los candidatos a estos espacios sea gente con vinculación política. “Como sociedad civil vemos que no va a haber independencia en ese Consejo”.

Henry Llanes, ex dirigente gremial, asegura que el problema fue la exclusión que tuvieron actores políticos del concurso. “Es una exclusión hecha por ley y no por méritos, no por testimonio de vida, sino por sectarismo”.

Hidalgo asegura que la sociedad civil no está motivada a participar ya que prefiere no “desgastarse en procesos politizados”.

Napoleón Saltos, quien dirigió a finales de 1999 la denominada Coordinadora de Movimientos Sociales también hace un balance negativo. “El esquema que se ha manifestado, no solo en el concurso, está destinado a un control de la participación desde el Gobierno”. Cita el caso de la Conaie: “(El Régimen)Desacredita a la organización y luego habla de participación. Así se contradice”.

El presidente Rafael Correa reiteró, la semana pasada, que a través de este concurso realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se busca despolitizar la designación de las autoridades de control del Estado. Sin embargo, la Constitución y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana no prohíbe a los militantes de partidos políticos participar en el concurso. El CNE siguió esa hoja de ruta y, finalmente, entre los candidatos con mejores calificaciones constan cuadros cercanos a partidos políticos e, incluso, ex funcionarios del Gobierno.

Entre ellos David Rosero, Andrea Rivera (MPD) y Fernando Cedeño (ex secretario del entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño). De los postulantes en el concurso “solo conozco a Hugo Arias”, dijo el Mandatario. Coincidencialmente, este aspirante, luego del proceso de recalificación, obtuvo 18,5 puntos más por una supuesta equivocación en la calificación de sus méritos.

El ciudadano Pablo Suárez dice que hay errores estructurales. “Si los consejeros van a tener tantas atribuciones debían seleccionarse a través de elección popular”.

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