En el despacho del presidente de la III Sala de lo Penal del Guayas, Robert Guevara, permanecen dos carpetas que contienen las ampliaciones del litigio de utilidades de la Cervecería Nacional (CN). Una fue emitida por la Procuraduría General del Estado y la otra por Arturo Cervantes, representante de los demandantes de USD 90,9 millones, por 15 años de utilidades no pagadas.
Según Guevara, estos dos petitorios impidieron que el caso fuera transferido al juez XII de lo Civil, Pedro Iriarte, para obligar a la empresa al pago. “Los dos escritos fueron presentados en el tiempo oportuno , del 10 al 12 de marzo, pero no fueron despachados, por el estrés u olvido de algún funcionario”, indicó el magistrado.
Los jueces de la III Sala deberán analizar los argumentos presentados y notificar a las partes en el próximo lunes 28. Luego de esto, el caso retornará al despacho de Iriarte.
“Tengo que esperar la resolución, es la primera vez que se ha producido una situación de esta naturaleza”, dijo Iriarte. Guevara sostuvo que la ley habilita a Iriarte a detener la producción de la cervecera o embargar sus cuentas.
Por su lado, Carlos Andretta, abogado de la cervecera, dijo que la compañía invocó su derecho a resistirse.
Ayer, unos 30 ex empleados de la CN cumplieron el segundo día de plantón en las afueras de la Corte de Justicia de Guayaquil. Allí entregaron una lista de doce personas despedidas, el viernes pasado.