‘Tenemos las antenitas listas para cuidarlo de los chapulines”, dijo el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe. Trataba de encontrar un poco de humor que aliviane lo que en Pachakutik entienden como una persecución en contra de su compañero Cléver Jiménez. El asambleísta fue condenado a 18 meses de prisión, una multa de USD 140 000 y a pedir disculpas públicas al presidente Rafael Correa por haberlo injuriado.
En algún lugar de la Amazonía se encuentra Jiménez, “a buen recaudo”, añadió el Prefecto.
La dirigencia de Pachakutik anunció ayer, en una rueda de prensa, que no permitirá que Jiménez se convierta en una persona privada de libertad en algún centro de rehabilitación social del país.
“Por obvias razones, no vamos a decir en donde está (Jiménez)”, añadió Quishpe, pero aclaró que está siendo cuidado por las comunidades indígenas de la Amazonía.
Jiménez fue considerado como uno de los hombres valientes que tiene el país por no dejarse desanimar ante la presión gubernamental y cumplir con su trabajo de asambleísta y denunciar actos de corrupción. Agradecieron que él aceptara el ofrecimiento de sus compañeros de organización para “dejarse cuidar”, sobre todo porque en el país no habría las garantías para cuidar su integridad.
Pero la presencia de la esposa de Jiménez, Rocío Alba, fue la nota conmovedora de ayer. En la sala de conferencias de Pachakutik, pidió al Gobierno que “deje de hostigar a mi familia”. Contó, con voz entrecortada y lágrimas, que su casa es vigilada constantemente y que su hija de dos años llora pidiendo por su padre, que “por favor” deje de “hostigar” a su familia.
“Mis hijos están preocupados, lloran; la Policía toma fotos. Mi casa está totalmente resguardada. Quiero que me entiendan: mi esposo ha tomado su decisión, nosotros lo apoyamos, pero dejen de hostigarme, dejen que mis hijos tengan una vida tranquila”.
En Pachakutik convocaron a una reunión para el 30 de este mes en Tundayme, cantón El Pangui (Zamora) para una asamblea en el que se analizará la situación minera del proyecto Mirador, el Decreto 16 y la situación de los derechos humanos y de la naturaleza.