18 de May de 2012 18:49

Pablo Chambers sugiere a Correa que enjuicie a su hermano, y no a los veedores

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Pablo Chambers, el presidente de la veeduría que investigó los contratos con el Estado del hermano del mandatario Rafael Correa le sugirió hoy que enjuicie a Fabricio Correa, en lugar de impulsar una causa contra ellos.

La Fiscalía acusa a Chambers y a los otros tres miembros de la veeduría de falso testimonio, por concluir que Rafael Correa conocía los contratos de su hermano con el Estado, algo que él niega.

Los veedores han pedido asilo a seis países en los últimos días, pero Panamá se lo negó hoy y Costa Rica ha indicado que nunca completaron la solicitud formal, por lo que "pareciera" que "desistieron" de la misma.

Los otros cuatro Gobiernos: Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Vaticano, aun no se han pronunciado.

Chambers dijo a Efe sentirse "desanimado" por la decisión de Panamá. "Cada vez se nos cierran más las oportunidades de ser defendidos", aseveró.

Antes de conocerse el dictamen de ese país, Chambers y los otros veedores dieron una rueda de prensa en la que dijeron sufrir una "persecución".

"Lo que sorprende es que el Señor Presidente, quien dice que es muy valiente, sea valiente con cuatro personas indefensas y no sea valiente para recuperar los dineros del Estado metiendo un juicio a su hermano", dijo Chambers.

El veedor pidió a Correa que tome acciones "contra quienes tienen que responder por no haber sabido cumplir con lo que quedaron. (...) Por favor, Sr. Presidente, dónde está la plata?".

El mandatario ha dicho que no ha llevado a Fabricio ante los tribunales "por respeto" a su madre.

En su informe, el comité aseveró que Fabricio Correa tenía contratos con el Estado por 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para las arcas públicas de unos 140 millones. Además, Chambers afirmó hoy que Fabricio Correa dejó pendientes pagos a 1 200 personas.

En respuesta a estas alegaciones, la oficina de Fabricio Correa envió a Efe una carta de Maximo Villavicencio, gerente de Cosurca y Megamaq, empresas con las que tiene vínculos comerciales.

El documento afirma que se han alcanzado "acuerdo satisfactorios" con esas 1 200 personas y "se han honrado las obligaciones" con todos, excepto con los que proporcionaron servicios para el proyecto de riego Sifón-Limones, que deben recibir el pago de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), que no lo ha hecho hasta ahora, según Villavicencio.

El propio Correa solicitó la creación de la veeduría, pero cuando afirmó que él sabía de los contratos, acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que los denunció ante la Fiscalía.

El mandatario no está personado en el juicio, pero podría hacerlo más adelante como acusación particular, dijo a Efe Ramiro Román, abogado de los veedores.

Chambers dijo hoy haber acudido a la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y otros organismos ecuatorianos, pero ante la falta de apoyo han recurrido a pedir asilo.

Ayer lo solicitaron en la embajada de Estados Unidos, según Chambers, quien dijo que si algún país se lo concede lo tomarán porque su seguridad "está siendo seriamente amenazada", pese a que un juez les ha prohibido salir de Ecuador.

Además, les ha ordenado presentarse ante el juzgado cada 15 días, mientras avanza la fase de instrucción del proceso contra ellos.

Los cuatro veedores son ciudadanos comunes, que se presentaron como candidatos a hacer la investigación solicitada por Correa y fueron escogidos para ello por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una entidad auditora.

Víctor Hugo Hidalgo es comerciante, José Quishpe ingeniero, Chambers hace consultorías para empresas y Gerardo Portilla está desempleado desde hace dos años, cuando tras la divulgación del informe la Contraloría del Estado le informó de la terminación de su contrato temporal "porque no querían tener problemas con el gobierno", según él.

Del mismo modo que la veeduría, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, los periodistas que revelaron los contratos de Fabricio Correa, afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que el presidente sabía de los contratos.

El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares los perdonó.

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