13 de December de 2011 00:02

La oposición quiere un mayor control político

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Hasta Alexis Mera, Fernando y Vinicio Alvarado, secretarios Jurídico, de Comunicación y de la Administración de la Presidencia, tendrían que comparecer a las comisiones de la Asamblea. Esto, si las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se aprueba, según el proyecto planteado por Vicente Taiano (Prian), con apoyo de la oposición.

Hoy, a las 10:00, continuará la sesión 115 del Pleno, es decir el segundo debate de este proyecto, cuyo texto fue pulido hasta ayer, a la espera de su votación.

El capítulo de control político y fiscalización es el punto fuerte de los cambios propuestos y apoyados por fuerzas políticas no afines al bloque de Alianza País.

Entre otras cosas se plantea que los asambleístas podrán solicitar la comparecencia de los servidores públicos, incluso de dependencias de la Función Ejecutiva, como secretarios nacionales, al Director del IESS y todos los mencionados en el art. 225 de la Constitución, que no son sujetos de juicio político. Además, de no comparecer, el funcionario pudiera enfrentar un sumario administrativo o de ser el caso, ser enjuiciado políticamente.

Algunos asambleístas, como César Montúfar (Concertación), han mencionado que los secretarios nacionales deben rendir cuentas a la Asamblea, puesto que manejan más presupuesto que ciertas carteras de Estado. Taiano también alega que deben comparecer, pues tienen rango de ministro e incluso fuero de Corte.

La presidenta de la Mesa de Fiscalización, la socialista Silvia Salgado, cree que este punto, entre otros, pudiera dar lugar a que se reclame la inconstitucionalidad de estas reformas, que no pasan por el veto del Ejecutivo.


Ella tampoco está de acuerdo con el cambio propuesto en el método de fiscalización. Asegura que la Comisión que preside se quedará sin funciones y que en todo caso debería desaparecer si se le da tantas atribuciones al Pleno.

La reforma plantea que la Mesa de Fiscalización remita en cinco días, al Presidente de la Asamblea, los informes de mayoría y minoría. En ellos deben constar las pruebas de cargo y descargo, para que el Pleno decida si archivar o continuar con el trámite.

Un ponente por cada uno de los informes (no el proponente del juicio) los expondrá al Pleno. Este, sin debate, votará y por mayoría absoluta decidirá (63 de 124).

Taiano dice que la Mesa tendrá el rol protagónico de sustanciar el proceso. Dice contar con 67 votos, incluidos los de Galo Vaca, Ramón Vicente Cedeño y Gerardo Morán, aliados del oficialismo, que en varias oportunidades han indicado ser partidarios del cambio en la fiscalización.

El roldosista Dalo Bucaram confirmó que con sus cuatro curules apoyarán las reformas. Ellos propusieron entre otras cosas que con 63 votos se pueda destituir al Presidente de la Asamblea. Aunque en el informe, Taiano incluyó que sea con 83 adhesiones.

Bucaram dice que con 63 se elige al titular del Legislativo, y que su idea es independizarlo del Ejecutivo. Aunque aceptarían el planteamiento de Taiano. “No cederemos en el hecho de que Mera y los Alvarado puedan responder ante la Asamblea”.

Otra de las reformas tiene que ver con la posibilidad de que 63 legisladores puedan autoconvocarse y obligar al Presidente a sesionar sobre un tema. Para los cambios de orden del día ya no se requerirían 63 votos sino solo la mayoría simple de la sala.

A la oposición también le interesa aprobar una reforma que permitiría que durante el segundo debate, cualquier legislador pueda proponer cambios al ar-ticulado (de hasta el 5% del proyecto) y someterlo a votación, antes de aprobar o negar el texto.

Y, cortar el poder del ponente de la ley, que suele ser el presidente de la comisión, para que “no sea el todopoderoso”, dice Taiano. Él no recogería solo las observaciones que considere pertinentes, sino que luego del segundo debate tendría que someterlo a la aprobación de la mesa.

Virgilio Hernández (A. País) preside la Comisión de Gobiernos Autónomos y no redacta solo los informes para votación, luego del segundo debate. Los somete a consideración de la mesa. Sin embargo, él no está de acuerdo con dar paso a esa propuesta de la oposición, porque dice que entonces habría un tercer debate interminable. Y pudiera haber empantanamiento. “Al final el ponente debe decidir”. Apoya la idea de que el Pleno decida cuando la Comisión de Fiscalización no resuelve algo, como ocurrió con el fiscal Washington Pesántez, que se quedó en el limbo.

El pulso interno...

Scheznarda Fernández,   aliada del   oficialismo,  adelantó que votará en contra de las reformas.  Aduce que no quiere que el Pleno sea usado para hacer  shows políticos en época electoral.

Medios  ‘democráticos’.  El directorio de la radio y la TV legislativas podría  estar integrado por siete asambleístas de diferentes tiendas políticas. El Registro Oficial también pasaría a manos de la Legislatura.

Si  un  veto presidencial  no tiene votos para el allanamiento ni para los cambios, la reforma  busca considerarlo  como tratado y ya no irá por el ministerio de la ley.

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