27 de April de 2010 00:00

La oposición pone a prueba su fuerza

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Édgar López

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Desde que se fijó la fecha de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, para el próximo 26 de septiembre, el Gobierno y la oposición se preparan para una batalla decisiva. El oficialismo podría perder su hegemonía en el Legislativo y en el resto de los órganos del poder público, que le ha servido para avanzar en la construcción del llamado Socialismo del siglo XXI.

La oposición ofrece la posibilidad de revertir el proceso revolucionario, a través del restablecimiento de los contrapesos institucionales y la participación real de los ciudadanos en la gestión pública. “Soluciones para la gente”, se denomina el programa de acción que los adversarios del presidente Hugo Chávez intentarán desarrollar si ganan la mayoría de las 165 curules.Las aspiraciones de la oposición se sustentan en estudios de opinión (de encuestadoras como Hinterlaces y Datanálisis) que revelan que hay una tendencia creciente a responsabilizar a Chávez por los problemas más apremiantes para los venezolanos. Estos son inseguridad ciudadana (los 11 años de Gobierno chavecista acumulan casi 14 000 muertos por violencia); inflación (25,1% al cierre del 2009, y 3,3% acumulado hasta febrero del 2010) y el deterioro de servicios públicos (racionamientos de agua y luz eléctrica a los que los venezolanos nunca habían estado sometidos).

Sin embargo, el proceso de selección de los candidatos a diputados ha dejado en evidencia la dificultad en el seno de la oposición para articular y presentar al país un liderazgo alternativo. En los comicios del 26 de septiembre también se medirá la vigencia de los partidos y de la sociedad civil como muro de contención al autoritarismo que ambos sectores le imputan a Chávez.

El control absoluto del Legislativo ha facilitado al chavecismo colocar sus piezas en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo y en el Consejo Nacional Electoral. En definitiva, ningún juez, contralor o árbitro se ha atrevido a ponerle coto a Chávez.

El Presidente quiere controlar todo; hasta Internet, según lo expresó el 13 de marzo, cuando definió a Twitter como un medio terrorista. Sin embargo, el Presidente no admite control alguno. Y mucho menos si proviene del exterior. Frente al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió con improperios y la amenaza de retirarse de este sistema.

Sobre los riesgos advertidos por los críticos del Gobierno ya existe constancia escrita. En un reglamento publicado en la Gaceta Oficial del 9 de marzo figura una definición de socialismo que excluye la posibilidad de que los ciudadanos dispongan de sus bienes. Román Duque, presidente de la Academia de Ciencias Políticas, resumió el efecto. “Nadie podrá vender o alquilar el apartamento donde vive, ni dejarlo en herencia a sus hijos, como en Cuba”. Estas elecciones son claves para el país.

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