21 de May de 2012 00:04

La ONU evalúa hoy los DD.HH. en Ecuador

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Entre hoy y el 4 de junio, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) pasará revista a la labor de cada país en el cumplimiento y defensa de los derechos de los ciudadanos.

La misión ecuatoriana, liderada por el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y conformada por el canciller Ricardo Patiño, la ministra de Justicia, Johana Pesántez; el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Fander Falconí; y el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado; presentarán su Examen Periódico Universal (EPU), en las diferentes áreas de protección a los derechos humanos.

El informe se presenta cada cuatro años y este será el segundo reporte que Ecuador entregue. El primero se realizó en el 2008 y como resultado, el Consejo determinó que existían 10 puntos en los que el país debía mejorar.

Ahora, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de la ONU realizó un estudio sobre la situación de los Derechos Humanos hasta este año. En su reporte estableció 12 áreas en las que encontró falencias; algunas de las cuales se repiten en relación al informe anterior.

Entre ellas figuran la libertad de expresión, la judicialización de la opinión, la reforma judicial, los derechos de los pueblos indígenas (criminalización de la protesta), el sistema educativo, el acceso a la salud y las cifras de pobreza. Además, la eliminación de la discriminación, la violencia intrafamiliar y la explotación infantil.

Ante este reporte, presentado en marzo pasado, el Gobierno preparó su respuesta. Y llegará a Ginebra con el objetivo de presentar “las mejoras significativas en materia de derechos humanos”. Incluso, uno de los temas que más relevancia recibirá será la atención a las personas con capacidades especiales, a través del Programa Manuela Espejo, que lidera el Vicepresidente.

Este ha sido uno de los temas que mayor reconocimiento ha dado al Ejecutivo. Incluso varios sectores afines al Gobierno trabajan para que Moreno sea nominado para el Nobel de la Paz .

Sin embargo, el área más espinosa para el Régimen es el de la libertad de expresión. Esto, porque varias organizaciones internacionales, entre ellas la propia ONU y la OEA, han señalado “retrocesos” en este aspecto, por los juicios que ha iniciado el presidente Rafael Correa en contra de periodistas y medios de comunicación. Así como por la vigencia de normas penales como el desacato, para sancionar la opinión, que en otras legislaciones han sido derogadas.

El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de la ONU destacó como un grave retroceso en libertad de expresión la demanda que planteó el Jefe de Estado en contra de diario El Universo y de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro ‘El Gran Hermano’. Estos procesos terminaron con el “perdón” presidencial.

Además, el organismo de la ONU cuestionó el proyecto de ley de comunicación, que está a la espera de ser sometido a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para los legisladores oficialistas, este texto ha sido modificado para ajustarse a la normativa internacional.

Sin embargo, el Régimen consideró que la falencia en materia de libertad de expresión es responsabilidad de la prensa. Acusó a “ciertos medios” de “violar” los derechos de los ciudadanos. “Las injurias y las calumnias aún persisten en los medios de comunicación, los cuales son utilizados como instrumentos de grupos económicos y políticos, con fines ajenos a su rol de facilitadores de la información y la comunicación a la población”, señala el informe gubernamental.

Otro punto de conflicto es la criminalización de la protesta social. Para un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que también presentó su reporte, el presidente Correa “persigue” a dirigentes y líderes indígenas que “utilizaron” el derecho a la resistencia, para reclamar por la promulgación de leyes polémicas.

De hecho, la semana pasada, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) presentó a la Asamblea un proyecto para que se otorgue la amnistía a 129 dirigentes indígenas, que están en investigación judicial o que fueron condenados por supuestos actos de terrorismo, durante las protestas sociales por el proyecto de Ley de Aguas.

Sin embargo, el Gobierno asegura que estas cifras no cuadran.

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