14 de May de 2012 00:00

ONU estudia libertad de expresión en Ecuador

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Por segunda ocasión, el Estado ecuatoriano deberá rendir cuentas a la comunidad internacional, sobre el cumplimiento de sus compromisos en materia de Derechos Humanos.

En el 2008, el país se sometió al primer Examen Periódico Universal (EPU), dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante ese proceso, al Régimen ecuatoriano le fueron formuladas 10 recomendaciones, básicamente, en materia de política carcelaria, capacitación en DD.HH. a la Policía, reforma judicial, disminución del trabajo infantil y de la adopción de medidas que neutralicen los niveles de discriminación y exclusión, sobre todo en el ámbito laboral, familiar y político, a los grupos vulnerables de la sociedad.

Cuatro años después, el Estado ecuatoriano se somete nuevamente al Examen Periódico Universal (EPU).

Entre el lunes 21 y el viernes 25 de este mes, en Ginebra (Suiza), no solo se pasará revista a las medidas que el país adoptó para solventar esas 10 preocupaciones formuladas en el 2008.

También se analizarán los retrocesos del país en otros ámbitos de la política integral de Derechos Humanos. En el seno del Consejo de las Naciones Unidas, sobre esta materia, las principales autoridades del Régimen, encabezadas por el vicepresidente Lenín Moreno, deberán explicar, entre otros aspectos, por qué las libertades de expresión y de prensa han sido menoscabadas durante el gobierno de Rafael Correa.

El EPU es una prueba que se realiza sobre la base de tres informes oficiales que ya son públicos.

El primero fue elaborado por el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Justicia en coordinación con algunas organizaciones de la sociedad civil.

Allí el Régimen explica las medidas adoptadas en función de las primeras recomendaciones apuntadas por el Consejo de Derechos Humanos en el 2008.

El segundo informe lo redactó Naciones Unidas y, el tercero, por las organizaciones de la sociedad civil bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo.

A la luz de estos informes, sobre todo los dos últimos, la preocupación por el retroceso general en materia de libertad de expresión y de prensa es evidente.

Así quedan señalados los procesos penales como el caso El Universo, el interés por impulsar leyes que pudieran afectar los derechos de libre expresión y la poca independencia editorial de los llamados medios públicos.

Al tiempo que el Gobierno insiste en reducir esta discusión al supuesto interés de los grupos mediáticos privados por violentar los derechos de comunicación, con prácticas atentatorias como la “calumnia, la injuria y la afectación de la honra de las personas” (ver notas 1,2,3).

Así es el examen

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo que se diseñó a partir del 2007, hace exactamente 5 años. El objetivo concreto era revisar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos por parte de los 193 estados miembros de Naciones Unidas.

Por efectos del primer sorteo que se hizo entonces, el Ecuador siempre será el segundo país del mundo en someterse a este proceso de análisis mundial cuyos ciclos se renuevan cada cuatro años. Lo hizo ya una primera vez en el 2008 y ahora vuelve a Ginebra para su segundo EPU.

El primer encuentro se realizará el lunes 21 en Ginebra, según la agenda programada.

Las principales autoridades del Estado ecuatoriano realizarán una exposición sobre los compromisos y resultados que se han dado luego del primer EPU.

De inmediato, las delegaciones de otros países, que son parte del Consejo de Derechos Humanos, harán recomendaciones y precisiones a la situación del Ecuador, sobre la base de los tres informes arriba señalados.

Una ‘troika’, es decir tres países elegidos por sorteo, se encargará de compilar y sistematizar el encuentro del próximo lunes.

Suiza, Cuba y la República del Congo serán las naciones responsables de elaborar el informe final con las conclusiones sobre la situación del país y las nuevas recomendaciones que se entregarán al Estado ecuatoriano, así como sus compromisos.

En el marco de este informe, las autoridades ecuatorianas podrán aceptarlas, como así sucedió en el Examen Periódico Universal, que se desarrolló hace 4 años, en el 2008. La delegación también puede de plano rechazarlas.

Si bien una eventual negativa al informe sobre el EPU no conlleva sanciones determinadas para los países, el examen delinea la reputación de un país en materia de derechos humanos.

Y pudiera servir como marco de referencia, por ejemplo, a la hora de sellar acuerdos entre Ecuador y otros países de la comunidad internacional.

1.-  El Estado presenta informe de 20 páginas

En su reporte, el Estado, a través del Ministerio de Justicia, evalúa el cumplimiento de las recomendaciones trazadas en el EPU 2008. El Régimen da cuentas de las mejoras a la infraestructura de los centros carcelarios así como los avances en temas legales, de capacitación y de ayuda profesional. También habla del Programa de Capacitación Integral Continuo, a la Policía, en DD.HH.
Se resalta la reforma judicial, a través de la consulta popular del 2011, que dio paso a la creación del Consejo Transitorio de la Judicatura, la formación de una Corte Nacional “por concurso público” y el diseño del sistema judicial a través de la “meritocracia”.

En materia de trabajo infantil se señala que se redujo del 3,8%, en el 2007 al 1,5% en el 2011. El porcentaje de niños y adolescentes que no asiste a clases bajó del 61 al 49% a nivel país.

Sobre su balance en libertad de expresión, el informe del Gobierno dedica cuatro párrafos (37, 38, 39 y 40). Allí señala que: El Estado garantiza el derecho a una comunicación libre y participativa. Que propugna el acceso universal a las tecnologías de la comunicación y reparto equitativo del espacio radioeléctrico.

Sin embargo, señala que en el país aún continúan violentándose los derechos de los ciudadanos desde “ciertos medios de comunicación privados”. “Las injurias y las calumnias aún persisten” en ellos con “fines económicos y políticos” Y dicen que seguirán protegiendo la honra. El informe no menciona el compromiso del Régimen por despenalizar los delitos de opinión y desacato.

2.- La evaluación de las Naciones Unidas

Este informe se dedica a evaluar la situación de la libertad de expresión, prensa y participación política. En 2011, la Unesco informó que varios ámbitos de la Constitución y del proyecto de ley de comunicación podían restringir la libertad de expresión. Y que los conceptos de difamación forman parte del Código Penal, recomendado a la legislación del Ecuador se pusiera en conformidad con las normas internacionales e interamericanas relativas a la libertad de expresión.

La Unesco informó también de que la regulación de la radio y la televisión no fomentaba la diversidad de los medios y que no hay garantías específicas de independencia editorial ni financiación adecuada a los medios públicos.

El juicio contra diario El Universo y la condena ratificada por la Corte Nacional también constan como preocupación.

Se señala que el Plan Nacional de Desarrollo (2009-2013) para la mejora de la calidad de vida y el Plan Nacional contra Racismo y Discriminación no dan datos claros sobre cómo esos habían beneficiado a grupos vulnerables. Pero reconocen los avances de la Constitución del 2008.

Las alertas también son sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se dice que la tasa de homicidios en el país se había disparado en los últimos 20 años, por la delincuencia organizada, el aumento del tráfico de drogas, inseguridad económica.... Otro foco de debate es la supuesta intolerancia, de parte de agentes del orden, a la protesta social, contra diversos grupos sociales, en especial indígenas.

3.- La visión de los entes de la sociedad civil

Varias organizaciones de la sociedad civil,  articuladas por la Defensoría del Pueblo enfocan su informe en 12 temas relacionados con los compromisos de Derechos Humanos. Uno  tiene que ver con la Libertad de Expresión y de Prensa. El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) con  Fundamedios y la red internacional IFEX que monitorean el tema, así como  intelectuales agrupados en el PEN Internacional, aseguran que el Ecuador se ha convertido en uno de los países de la región con más restricciones a la libertad de prensa.

“El Gobierno había acumulado un historial alarmante de censuras oficiales y acosos a la prensa que incluía el recurso a querellas civiles y penales por difamación para silenciar a los críticos;  y una creciente intervención de los medios estatales para difundir las opiniones del Gobierno y desacreditar a los críticos”. En este punto se anota que a más de las cadenas para cuestionar a periodistas y grupos opositores hubo la cadena oficial impuesta el 30-S para evitar que los medios privados informaran sobre la insubordinación en el Regimiento Quito.  

El informe también reúne los balances e informes de organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, la ONG Human Rights Watch y el  Sistema Interamericano de DD.HH. Se rechazan procesos judiciales en torno a casos como  El Universo,  las regulaciones en  leyes que  limitan el crecimiento y financiación de los medios privados. Y ambigüedades en  leyes  para el control y uso de la propaganda oficial en campañas como la  de mayo del 2011.


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