15 de May de 2012 00:04

Ola de críticas por el juicio contra los cuatro veedores de los contratos de Fabricio Correa

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La demanda por perjurio en contra de los veedores de los contratos de Fabricio Correa levanta críticas. El principal cuestionamiento es la supuesta criminalización de la participación ciudadana.

Cuatro de los 10 ciudadanos que participaron en la veeduría de los contratos que el hermano del Presidente firmó con el Estado, fueron acusados por la Fiscalía de supuesto falso testimonio.

La indagación se inició en 2011, luego de la denuncia que planteó el Jefe de Estado, en contra de José Quishpe, Pablo Chambers, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo. La fiscal del caso, María Elena Bayas, consideró que los veedores ciudadanos habían cometido perjurio, en el informe final sobre los contratos.

En el documento, los cuatro hombres aseguraron que supuestamente el presidente Rafael Correa sí conocía de los convenios de su hermano Fabricio. Esto motivó la demanda contra los veedores y también en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes insistieron en esa afirmación, en su libro ‘El Gran Hermano’.

Para David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Constitución se garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en el control social y ser veedores de los distintos procesos.

“No deberían existir procesos legales en contra de los veedores, porque ese es un derecho” consagrado en la Carta Política vigente, aclaró el consejero Rosero.

A pesar de ello, no existe alguna normativa que los proteja frente a este tipo de procesos judiciales. El proyecto de ley de inmunidad para los veedores está en la Asamblea, a la espera de ser tratado. Aunque desde ya, el oficialismo se mostró opuesto a aprobarla.

“El Presidente que debe respetar la participación. En febrero del 2011, luego de conocer el informe de la veeduría ciudadana, el Pleno del Consejo de Participación resolvió una moción de respaldo a los veedores me llama la atención de que varios consejeros, en lugar de respaldar la ley de inmunidad para las veedurías hayan salido a criticar el rol de los veedores”, manifestó Rosero.

El abogado penalista Ramiro Aguilar considera que en este caso es muy difícil que la Fiscalía pueda probar que los veedores cometieron perjurio. En el juicio, pienso que la acusación fiscal será endeble, porque los veedores no perjuran, solo es una opinión y que además fue pedida por el Presidente”, explicó.

Pero Chambers, Portillo, Hidalgo y Quishpe temen que por este juicio se los lleve a la prisión. Su principal temor es el juicio que presentó el Primer Mandatario en contra de los periodistas Calderón y Zurita, por el mismo caso.

“El problema es que no hay independencia de los juzgadores. Ante un tribunal independiente no pasaría este juicio. Pero como no hay jueces independientes, es justa la preocupación de los veedores de que no van a tener un juicio imparcial y sin manipulación política”, afirmó Aguilar.

Por ello, los cuatro hombres continuaron ayer en la búsqueda de un refugio internacional. Ayer ellos fueron a las embajadas de Panamá, de Chile y de Gran Bretaña, en busca de asilo político. Los veedores entregaron por escrito la solicitud, junto con los documentos que los acreditan, según ellos, como “perseguidos políticos”, por el Poder Ejecutivo.

Además, Chambers, Quishpe, Portillo e Hidalgo dejaron otros documentos solicitados por la Embajada de Costa Rica, a donde fueron el viernes pasado, como requisito para pedir el asilo.

No obstante, el abogado de los veedores, Ramiro Román, aconsejó a sus defendidos no pedir el asilo, pues “son inocentes”. Y les dijo que asistan a la audiencia de formulación de cargos, que se realizará este jueves. Allí, la Fiscal ante el Juez Quinto de Garantías Penales argumentará su investigación y su acusación.

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