16 de May de 2012 23:48

Oficialismo busca rediseñar la agenda legislativa antes de los comicios

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Las leyes de Aguas y Tierras, Consejos de Igualdad, Telecomunicaciones, medios y el Código Penal. Los asambleístas de Alianza País conocen cuáles son las normativas que debieran despachar de forma prioritaria hasta que termine su período en mayo del 2013.

Pero necesitan definir con el Ejecutivo cuáles no les generarán problemas de cara a las próximas elecciones. Por eso, entre otras cosas, el lunes tendrán un almuerzo de trabajo con el presidente Rafael Correa, luego de un año y ocho meses sin reunirse.

El oficialista Pedro de la Cruz reitera lo dicho por los coordinadores de la bancada de Alianza País y el vicepresidente Juan Carlos Cassinelli, en torno a la necesidad de hablar sobre la relación Ejecutivo-Legislativo, en esa cita.

Y coloca sobre la mesa un tema que desde el 2009 ha dado lugar a las críticas de la oposición: el sometimiento a los dictámenes de Carondelet, al definir la agenda.

De la Cruz espera saber hasta dónde avanzarán en los proyectos que les interesa tramitar.

Él presidió la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Este busca una alianza con la Conaie para presionar por la aprobación de las leyes de Aguas y Tierras. Pero “hay que medir políticamente hasta dónde podemos llegar. Quizá somos muy ambiciosos. Hay que analizar si es posible en este momento político”.

Eso responde al preguntarle si en época de campaña le convendrá al Gobierno entrar en conflictos con movimientos indígenas y organizaciones sociales, que piden, por ejemplo, que la consulta prelegislativa sea vinculante.

A Paco Moncayo (Alianza Libertad) le molestan ese tipo de encuentros. Cree que lo que debieran decirle al presidente Correa es que “no tienen la capacidad de sacar esa agenda sin consensos” con otros sectores.

Por eso Moncayo anuncia tiempos difíciles para la Asamblea. Por la campaña llegarán varios suplentes y esta función podría opacarse aún más. Son tres años de agachar la cabeza con el Ejecutivo -dice- y ahora sus legisladores estarán más sometidos que nunca, “están en manos del poder, para seguir ser candidatos otra vez”.

A María Paula Romo (Ruptura de los 25) le parece que en esa reunión los oficialistas debieran conversar sobre cómo conseguir votos si no hay apertura para las observaciones y si desde Carondelet se anticipan vetos para proyectos que esa bancada prepara, como el Código Integral Penal, cuyo primer debate en el Pleno se concretaría en junio.

Para ella, una ley prioritaria es la de los Consejos de Igualdad, que no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa en dos ocasiones. Esta definirá la institucionalidad que requieren las leyes de adultos mayores, juventud, mujeres y es necesaria para la conformación del Consejo de Regulación de la Comunicación, de la ley de medios.

Para Paola Pabón, una de las coordinadoras de A. País, en la reunión con Correa hay que discutir sobre qué proyectos serán enviados desde el Ejecutivo y cómo se procesarán los vetos.

Concuerda con Romo en que se debiera trabajar en la Ley de Consejos de Igualdad, de la que, afirma, Correa siempre habla. Y manifiesta, de modo personal, que la Ley de Tierras debiera estar en la agenda de los candidatos, ya que no considera que haya tiempo para procesarla en este período.

¿Tienen los 63 votos para aprobar la ley de medios, la próxima semana, el 24, como dijo Cordero? Pabón lo da por hecho, “es una batalla que ya ganamos”.

 Asesor legislativo se defiende  

 Pablo Vásquez,  abogado del Legislativo desde hace 21 años, espera no ser removido de su cargo por su participación  en la audiencia de sustanciación de la demanda  de inconstitucionalidad de varios artículos del  Código de la  Democracia. Asistió a  nombre de la Asamblea a  la Corte Constitucional, el 24 de abril pasado.

Vásquez ya respondió al proceso de sumario administrativo,  levantado en su contra por la Dirección de Recursos Humanos de la Legislatura. Se le acusa de haber cometido una falta disciplinaria grave, al intervenir en esa sesión  sin autorización del titular de la Legislatura,   Fernando Cordero.
 
La última semana de abril, el director del área Jurídica de la Asamblea,  Juan Alvear,  ya fue destituido por este tema.   Él   no quiso hablar, pese a haber sido contactado telefónicamente.  Al  respecto,  Cordero  dijo a este Diario, entonces, que nunca le comunicaron del particular.

Sin  embargo, en su defensa, Vásquez recuerda que con 19 días de anticipación se le envió  a  Cordero, con copia al secretario Andrés Segovia, información detallada sobre la realización de la audiencia pública.

Además, el abogado Vásquez, en un documento de 11 páginas,  alega que en los escritos de contestación a la demanda de inconstitucionalidad existe una autorización expresa del Presidente del Legislativo.  “Firmo con los doctores Alvear y Cueva,  a quienes autorizo para que me representen y suscriban individual o conjuntamente cualquier petitorio  dentro de esta causa en defensa de los intereses institucionales, así como para comparecer a audiencias públicas sobre el caso”.

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