La mejor defensa es el ataque. Al menos eso es lo que parece pensar el Gobierno frente a posibles decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA que desde hace varios meses sigue con atención los temas de libertad de expresión en el Ecuador.
Ya no solo se trata de mantener un lenguaje ambiguo en torno a una reiterada invitación que nunca se concreta, y de condicionar las posibles resoluciones del organismo sobre Ecuador. Después de la contraproducente presentación del Canciller en la CIDH, el camino más fácil parece la descalificación.
El Presidente la ha sumado a las organizaciones y personas que actúan con “doble moral”. ¿Cuál es la prueba? En lugar de ocuparse -dice- de todos los juicios por injuria en el Ecuador (más de 12 000, según su estadística), se ocupa solo de los juicios en los cuales están involucrados los derechos de “los dueños del gran capital”, y no de la ciudadanía. Aparte de que entre los enjuiciados hay periodistas que viven de sus salarios, da la casualidad de que en los juicios por injuria que le preocupan a la CIDH, al otro lado, como demandante, está el poder. Además, está en juego la libertad de expresión.
A la CIDH también le preocupada por los casos en los cuales el Estado criminaliza la protesta, como sucede con dirigentes indígenas y campesinos, juzgados en su mayoría por “sabotaje y terrorismo”. ¿La teoría de la “doble moral” funciona para todo y en cualquier lugar?