21 de March de 2011 00:00

Nuevas dudas sobre actuación de 3 jueces

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La revisión de un proceso judicial en marcha despierta nuevas dudas sobre la actuación de tres jueces de la Corte Constitucional, incluido su presidente, Patricio Pazmiño.

A pocas semanas de que este tribunal se viera envuelto en un escándalo por su actuación en el caso de la Cervecería Nacional, este Diario accedió a documentos que evidencian aparentes contradicciones y presuntas anomalías en la actuación de los jueces Patricio Pazmiño, Alfonso Luz Yúnez y Patricio Herrera.

El 18 de noviembre pasado, la Sala de Admisión integrada por esos tres magistrados acogió el pedido de la ex alcaldesa de Durán, Mariana de Jesús Mendieta, quien solicitó que se anule el fallo que en este mismo caso dictaron, un mes antes (18 de octubre), los también jueces constitucionales Nina Pacari, Roberto Bhrunis y Hernando Morales.

Ellos desecharon, por inconstitucional, una acción de protección interpuesta por Mendieta que buscaba dejar sin efecto el llamamiento a juicio plenario de la Tercera Sala Penal de la Corte provincial del Guayas, que también había sido confirmado por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil.

En ambos pronunciamientos, los jueces establecieron que existían graves presunciones penales contra Mendieta y José Martínez Bedoya, entre otros, por un presunto peculado (abuso de fondos públicos), en la contratación de obras del Cabildo de Durán.

Específicamente, determinaron que la ex Alcaldesa adjudicó 23 órdenes de trabajo de manera directa a Martínez Bedoya, por USD 170 000, sin que exista un concurso público ni una invitación a un mínimo de tres contratistas, como señala la Ley de Contratación Pública, según concluyó un examen especial de Contraloría (ver compartida).

Pese a que el proceso judicial aún no había concluido (con una sentencia en firme), Mendieta inicialmente interpuso una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, que fue tratada por sorteo por la sala de admisión integrada por Pacari, Bhrunis y Morales, el 19 de agosto del año pasado.

Luego de dos meses de estudio, (el 19 de octubre) los tres magistrados decidieron inadmitir la acción argumentando entre otros aspectos que: la Corte, según la Constitución, solo puede pronunciarse sobre sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas, lo que en este caso no se cumple pues el proceso judicial aún no concluye.

Además, que la fundamentación de la ex Alcaldesa, quien sostiene que la Contraloría ya realizó un informe de su gestión entre el 2001 y el 2003 sin encontrar ninguna irregularidad, no cabe, pues solo se trataba de un borrador. Y que la posterior auditoría fue a un período distinto (2003-2007). “La acción de protección es excepcional, para precautelar el debido proceso y otros derechos violados en un fallo judicial, particular, que no se evidencia en esta causa(...)”, concluye el pronunciamiento, al negar la petición de Mendieta.

Pese a este fallo, el 27 de octubre, la ex Alcaldesa interpuso otro escrito en la Corte solicitando su revocatoria, lo cual fue aceptado por el juez ponente Patricio Pazmiño, junto con Luz y Herrera. “De la lectura de la demanda se establece la procedencia de la presente acción y por consiguiente se deja sin efecto el auto de inadmisión dictado por la Sala de Admisión, sin que esto implique un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión, por lo cual se admite a trámite la acción”, indica el fallo.

Al ser consultado, Patricio Pazmiño dijo que no podía pronunciarse sobre ese tema porque será conocido por el Pleno de la Corte Constitucional.EL COMERCIO supo que la sala de Pazmiño suspendió el trámite de la acción y lo remitió para que lo resuelva el Pleno, luego del reclamo del contralor Carlos Pólit, quien sostiene que no existen dos exámenes del ente de control sobre el mismo tema, lo cual está plenamente documentado. Y que hay suficientes evidencias corroboradas por los dictámenes de la Fiscalía de que Mariana de Jesús Mendieta emitió las órdenes de pago, violentando la Ley de Contratación Pública.

 La Fiscalía presentará sus cargos en la Corte, mañana

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Arturo Pérez, realizará mañana la audiencia de formulación solicitada por la Fiscalía en contra de cuatro jueces titulares y dos suplentes de la Corte Constitucional.

Pérez, quien reemplaza al juez Hernán Ulloa, quien goza de una licencia hasta abril, celebrará la diligencia, por decisión del Pleno del máximo tribunal.

El sábado pasado, el fiscal Washington Pesántez pidió al organismo judicial que fije una fecha para la audiencia de formulación de cargos, dentro del caso por presunto prevaricato por la ratificación de la amnistía a Floresmilo Villalta, sentenciado por violación a una menor de edad.

La Fiscalía acusa al presidente de la Corte Patricio Pazmiño y a los jueces Édgar Zárate, Patricio Herrera y Hernando Morales. Además, a los suplentes Fabián Sancho y Luis Jaramillo.

Esa solicitud fue resuelta y el Pleno de la Corte de Justicia resolvió que el caso pase por sorteo al juez de la Primera Sala Penal.

El fiscal Pesántez dice que el proceso contra los miembros de la Corte Constitucional no es fácil, pues la Constitución del 2008 los blindó. Luego de iniciado el juicio, los fallos de mayor relevancia (llamado a juicio, sentencia) deben contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los jueces de la Corte de Justicia. Es decir que en lo posterior las acusaciones de la Fiscalía deben contar obligatoriamente con el voto de 12 de los 21 ministros.

El Director de Obras P. dijo que fue obligado a firmar

Entre el 2003 y el 2007, la entonces alcaldesa Mariana de Jesús Mendieta aprobó el pago de 23 órdenes de trabajo para la construcción del mercado municipal de Durán, sin que haya existido una planificación de etapas específicas y diferenciadas.

Es decir que se subdividió la contratación de la construcción del mercado, evadiendo así el respectivo concurso, lo cual contraviene la Ley de Contratación, según el informe de la Contraloría, que luego fue avalado por la investigación fiscal.

Además, adjudicó la obra a un solo beneficiario, no profesional, por montos que superan el límite señalado para la emisión de órdenes de trabajo (10% del contrato).

Por lo expuesto, se evidencia claramente que existió aprovechamiento del cargo (de la ex Alcaldesa) para hacer concesiones no legales, concluye la auditoría de la Contraloría, que también determinó indicios de responsabilidad penal contra tres funcionarios del Cabildo, entre ellos Astolfo Nicolás Williams (director de Obras Públicas municipales).

Precisamente dentro del proceso judicial, Williams declaró que “la Alcaldesa lo tenía aterrorizado y que lo obligaba a aprobar toda clase de planillas con amenazas a él y a su familia, pues ella le gritaba que tenía que aportar mucho dinero a su partido (…)”.

Desde esos años, la ex Alcaldesa fue vinculada al Partido Social Cristiano. También, acusada públicamente por ciudadanos que integraron una Corte popular, denunciando presunta corrupción.

 Tres meses tormentosos para los jueces de la Corte Constitucional

26 de enero

La Corte Constitucional (CC) puso un freno a los procesos de revocatorias. Esa acción fue determinante para que Carlos Vera no siguiera el trámite contra el Presidente.

3 de febrero

El Pleno de la Corte Constitucional analiza el caso Cervecería y declara que todos los recursos presentados deben ser anulados.

3 de febrero

El asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, denuncia que el ex asesor legal de la Cervecería, Alfredo Larrea, es hermano del Secretario de la Corte, Arturo Larrea, y que habría una red de coimas.

11 de febrero

La Corte dejó sin efecto la sentencia que dictó a favor de la Cervecería, que destapó las denuncias de soborno. Este caso tuvo un primer desenlace, el 2 de marzo, cuando el Pleno removió a Arturo Larrea.

12 de marzo

La Fiscalía de la Nación inició formalmente la instrucción en contra de seis jueces constitucionales, incluido su presidente, Patricio Pazmiño, por su fallo en el caso Villalta. El proceso está en la Corte Nacional.

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