2 de March de 2011 00:00

Nuevas anomalías en el caso Cervecería

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Nuevas contradicciones y vacíos salen a la luz en el caso de la Cervecería Nacional y su relación con el abogado Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional.

Este Diario accedió a una copia del contrato de prestación de servicios profesionales, firmado el 27 de octubre del 2010entre la Cervecería Nacional y Alfredo Larrea, que fue registrado en la Notaría Vigésima de Guayaquil, y lo comparó con los pagos efectuados por la empresa a través de un cheque y una transferencia bancaria, y las facturas emitidas.El contrato le encomendaba a Larrea la defensa legal de la empresa frente a la acción de protección que los ex trabajadores de la Cervecería presentaron en el juzgado XII de lo Civil del Guayas, exigiendo el pago de utilidades por USD 90 millones. Precisamente, un día antes de la firma del convenio, ese juzgado falló a favor de los ex trabajadores , ordenando el pago de la liquidación.

Al referirse al ‘precio de los servicios’ el contrato señala que la empresa le pagará al contratista el 0,8% de los USD 90 millones exigidos por los demandantes. Es decir USD 720 000. Además, que el 70% de ese monto (USD 504 000) debía ser cancelado a Larrea a la firma del contrato, es decir el 27 de octubre.

Pese a la contratación de Larrea, en noviembre la Cervecería tuvo otro revés judicial. El juzgado Noveno de la Niñez de Guayaquil ordenó que se proceda a la retención de la suma exigida y se suspenda la comercialización de los productos de las cervezas Club y Pílsener en todo el país.

Entonces, la Cervecería cambió de estrategia: interpuso una demanda judicial ante el juez primero de Tránsito de Pichincha, César Fabara, quien el 22 de noviembre suspendió las medidas dictadas contra la Cervecería. Y envió el caso a la Corte Constitucional, al día siguiente, en vista de que había fallos contradictorios sobre la misma materia.

El martes 21 de diciembre, el estudio jurídico Larrea-Haro, en representación de la Cervecería, envió un oficio a la Corte pidiéndole que resuelva el proceso remitido por el juez Fabara. El documento está firmado por Sylvia Haro, esposa de Larrea (ver nota compartida).

La Corte empezó a conocer el proceso a inicios de este año. El 7 de enero, la sala de selección, integrada por Édgar Zárate, Patricio Pazmiño (presidente) y Patricio Herrera, expidió un fallo señalando que unirán los dos casos de Guayaquil, con el de Quito, para que lo conozca el Pleno. Eso ocurrió el 11 de enero cuando el pleno sorteó el caso y lo envió a la sala de revisión, conformada por Pazmiño, Hernando Morales y Manuel Viteri.

Ellos confirmaron que había una ‘antinomia jurisdiccional’ (contradicción) y que el Pleno de la Corte debía dirimir si cabía o no la acción de protección de los ex obreros.

Al siguiente día, la Cervecería pagó a Alfredo Larrea un cheque de USD 500 000. La factura 0000102 fue entregada por Larrea a la Cervecería ese mismo día aunque, según consta en un remitido publicado por la Cervecería en varios medios, fue gestionada (pagada) el 1 de febrero. En ese documento también se indica que el abono es por USD 555 555, como anticipo a honorarios profesionales, “según el contrato del 27 de octubre”.

El 20 de enero , la Corte suspendió las medidas cautelares en contra de la Cervecería y remitió el expediente al juez Miguel Ángel Naranjo.

El 2 de febrero, Naranjo, que actuaba en reemplazo del juez Alfonso Luz Yunes (quien gozaba de una licencia), presentó al Pleno un fallo, declarando sin efecto todos los procesos seguidos en este caso. Según una denuncia del juez Luz Yunes, publicada por la revista Vistazo, ese mismo día el secretario de la Corte, Arturo Larrea -hermano del abogado de la Cervecería- presionó al secretario de su despacho para que obtuviera la firma de Naranjo.

El día anterior, Alfredo Larrea entregó a la Cervecería la factura 0000106, donde consta un valor de USD 550 555, al que se le agrega el pago del IVA , por USD 66 667, que suma 622 222, según indica el documento.

Pero esa cifra es incorrecta pues los dos valores suman USD 617 222. Larrea recibió el pago a través de una transferencia, que al parecer se concretó el 2 de febrero.

El 3 de febrero, los vocales Patricio Pazmiño, Patricio Herrera, Édgar Zárate, Roberto Bhrunnis, Nina Pacari y Ruth Seni aprobaron el proyecto e invalidaron los fallos contra la Cervecería.

Ese día, el legislador Galo Lara denunció el pago del cheque de USD 500 000 a Larrea, lo que remeció a la Corte y generó una indagación fiscal.

En medio del escándalo desatado por la denuncia, el 11 de febrero la Corte dio marcha atrás en sus actuaciones, y dejó sin efecto todo lo resuelto desde el 7 de enero, a partir de la página 37 del proceso. El argumento era que lo resuelto no había sido notificado a las partes.

Consultado sobre las aparentes contradicciones, Carlos Andretta, abogado de la Cervecería, sostuvo que los contratos fueron suscritos debidamente y que el pago se realizó una vez que se presentaron las facturas. Antes de eso no había sido presentada la factura y por tanto no habían sido cancelados los honorarios pactados. “La información (de las facturas) está en los medios, nosotros hemos hecho pública en la prensa la fotocopia de la factura”.

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