31 de May de 2012 00:01

Aún no se fijan los parámetros para cumplir recomendaciones de la ONU

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Una semana después de que el Ecuador recibió en la ONU, las 67 recomendaciones en el segundo Examen Periódico Universal en derechos humanos, el Gobierno debe resolver cómo cumplirlas y acatarlas.

El desafío radica en las observaciones en materia de libertad de expresión. A pesar de que el Régimen ha asegurado que en el país sí se respeta la libertad de prensa, 17 países de todo el mundo expresaron sus preocupaciones por los procesos judiciales iniciados en contra de periodistas y medios de comunicación; así como la intención de crear una Ley de Comunicación, que sancione a la prensa bajo subjetividades; y la ratificación de normas penales para penalizar la opinión.

Además, se cuestionó la independencia judicial, la criminalización de la protesta social y que no exista una consulta previa y vinculante para los pueblos y nacionalidades indígenas.

Para el asambleísta Enrique Herrería (independiente), es muy difícil que el Gobierno modifique su postura frente a la libertad de expresión. La razón: en cinco años de Gobierno el conflicto con la prensa se ha profundizado. “Hemos visto el desaire que el presidente Rafael Correa ha hecho a organismos internacionales que le han pedido que elimine del Código Penal el desacato y las injurias; y que no agreda a medios y a políticos durante sus sabatinas, pero esto se mantiene”, afirmó.

Por ello cree que las observaciones de los 17 países en el tema de la prensa quedarán como un “llamado de atención de los organismos internacionales, porque (Rafael) Correa no va a ceder en crear un Estado totalitario, en el que todos sigan sus designios. No creo que tenga la más mínima intención de recoger las recomendaciones de derechos humanos”.

Para el experto en Derecho Internacional Alejandro Ponce Villacís, el acatamiento de las 67 observaciones es un tema que pasa por lo político y no por lo jurídico.

“Si el Estado tiene la voluntad de respetar los derechos tomará las medidas para hacerlos cumplir. En principio cumplir las obligaciones de DD.HH. no son facultativas, son obligatorias, y buscan que se ejecuten los tratados internacionales en esa área”, señaló.

Aunque dijo que, a su criterio, no existe la voluntad política para hacerlo, “porque han estado cinco años en el Gobierno y no se han hecho los cambios destinados a defender y cuidar los derechos”.

Un ejemplo de esta falta de voluntad es que no se suspendan los enlaces sabatinos, en donde se agrede y acusa a opositores políticos, a periodistas y a quien cuestiona la gestión del Gobierno.

Este Diario consultó al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, sobre la ejecución de esta parte del informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no emitió ninguna respuesta.

En el 2014, Ecuador se someterá a una revisión parcial de cumplimiento de las observaciones. Según el Derecho Humanitario, si no se ven algunos avances en los temas cuestionados, el Estado ecuatoriano se podría enfrentar a sanciones morales y económicas provenientes de los países de todo el mundo, como eliminaciones de importaciones, por ejemplo.

Sin embargo, el Gobierno insistió en que sí se cumplirán, porque 61 de las 67 recomendaciones realizadas por 73 estados a escala mundial, tuvieron el respaldo del Ejecutivo, porque “se tratan de aspectos en los que ya se estaba trabajando”, afirmó.

El Régimen encargó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la coordinación del cumplimiento de las observaciones hechas. Para ello, desarrollará una plataforma para dar seguimiento de la implementación de las recomendaciones.

Con esto, se busca “que todas las instituciones del Estado puedan acceder a ella, a través de la página web del Ministerio de Justicia”, señaló María del Carmen Jácome, subsecretaria de DD.HH. de esa Cartera de Estado.

La creación de este sistema informático se realizará con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Sin embargo, por el momento esa Cartera prefiere no aclarar cómo se cumplirá cada una de las observaciones. En especial las referentes a libertad de expresión e independencia de la Justicia.

“Se esperará que llegue el informe traducido al español por parte del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, para evitar tergiversar” las recomendaciones, explicó el Ministerio.

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