6 de May de 2011 00:00

‘No más amenazas a los periodistas’

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En el marco del Día por la Libertad de Expresión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un balance la situación en la región.

Por un lado, reconoció avances alcanzados en algunos Estados en materia de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los y las periodistas. También por los progresos en los marcos legales referentes a la libertad de expresión.En particular, la Relatoría Especial reconoce que en la mayoría de los Estados de la región se ha derogado el delito de desacato y existe una marcada tendencia a despenalizar los delitos “contra el honor cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones de funcionarios públicos”.

Sin embargo, y basado en el informe sobre la situación de la prensa en el 2010, la Relatoría dice que se ha incrementado la violencia y el hostigamiento contra los periodistas en algunos Estados. Se registró la muerte de 26 comunicadores que podrían estar relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión así como “múltiples hechos de agresión, amenazas y criminalización”. También ha existido un aumento en la aplicación de las normas penales y la solicitud de medidas civiles desproporcionadas contra quienes han criticado a las autoridades públicas.

Finalmente, la Relatoría dice que continúan presentes desafíos fundamentales en materia de diversidad y pluralismo en el debate democrático sin que existan políticas adecuadas en todos los Estados para evitar la existencia de monopolios públicos o privados en la propiedad y/o el control de los medios de comunicación. Tampoco medidas especiales que faciliten el acceso de los grupos marginados o discriminados al debate público.

Ante ese diagnóstico, y para detener la violencia contra periodistas y medios, la Relatoría sugiere: realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social.

También deben investigarse adecuadamente estos crímenes cuando son cometidos con el propósito de silenciar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de cualquier individuo.

La Relatoría pide también tribunales imparciales e independientes para todo tipo de proceso para poder condenar y reparar adecuadamente a sus víctimas y familiares. También adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes son agredidos y amenazados.

Sobre el acoso de altas autoridades estatales a la línea editorial de los medios, la Relatoría propone incentivar el debate democrático a través de declaraciones, prácticas y políticas públicas que promuevan la tolerancia y el respeto a los periodistas, cualquiera sea su pensamiento o ideas.

Y además exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

Frente a la realidad de censura previa existente en varios países, se propone evitar cualquier norma que la habilite por parte de cualquier órgano estatal, y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión, tales como las exigencias previas de veracidad, oportunidad e imparcialidad en la información.

Entre otras recomendaciones, la Relatoría pide a las autoridades no usar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores.

Agencia paquistaní, preocupada

La agencia PakistanPressFoundation (PPF), envió una carta al presidente Rafael Correa, mostrando preocupación por la situación judicial del periodista de Esmeraldas Walter Vite Benítez.

El comunicador fue condenado días atrás a un año de prisión y a una sanción económica como producto del juicio que, en su contra, montó el alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán (MPD) hace tres años.

La carta señala que la PPF es una institución independiente no-gubernamental comprometida con la promoción y la defensa de la libertad de expresión.

La agencia Paquistaní toma como punto de referencia la alerta que sobre este caso, la Fundación Andina para la Observación y Estudio deMedios (Fundamedios) presentó. Según el juicio, el periodista supuestamente ofendió al Alcalde en su programa de opinión, hace tres años.

En ese sentido, la PPF dice que la sentencia a prisión del periodista e invoca al Gobierno a que lo libere a la brevedad posible.

Vite, quien está detenido en los calabozos del Centro Provisional de Detención de Esmeraldas, ha afirmado que está siendo perseguido por su cuestionamiento del gobierno local de Esmeraldas en su programa de radio.

Enfatizó que nunca mencionó el nombre de Estupiñán en su programa en la radio Iris y que cree que el proceso legal se ha visto afectado por una serie de irregularidades.

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