8 de November de 2011 00:01

La molestia de Dinah Shelton puso al Régimen en un punto incómodo

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El Gobierno calificó de “apresurado” y de “parcial” el último comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humana (CIDH), donde cuestiona con dureza la cadena oficial de la semana pasada, en la cual el Régimen criticó a Fundamedios por sus denuncias sobre el estado de la libertad de expresión en el país.

Sin embargo, voces especializadas en el alcance y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de DD.HH., considera que el reciente pronunciamiento demuestra que la CIDH está muy preocupada por lo que sucede en el Ecuador y presta para actuar.

[[OBJECT]] El viernes 4, Dinah Shelton, titular de ese organismo, se refirió a la “gravedad” de los mensajes oficiales en las cadenas d difundidas por el Régimen ya que, a su juicio, son “claramente descalificatorias” contra las personas que hicieron sus denuncias en las audiencias de la CIDH. Para Shelton, este tipo de acciones son “absolutamente inaceptables”.

En la cadena de la semana pasada, el Gobierno dijo que Fundamedios es una ONG que responde a intereses privados de grupos y empresas vinculados al poder mediático en el Ecuador.

Frente a las críticas de Shelton, Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del Gobierno, señaló que “el comunicado público de la CIDH, lamentablemente, cae en lo que critica, dado que descalifica la actuación del Gobierno del Ecuador, que en legítimo derecho y con absoluta legalidad decide informar. En ese sentido dijo que “no es correcto que la Presidenta de la Comisión Interamericana ‘sentencie’ sin antes analizar los contenidos y confirmar si se está diciendo o no la verdad en la información expuesta.

También calificó de inaceptable que se intente estigmatizar al Gobierno ecuatoriano con un comunicado “apresurado”, que da señales de parcialidad.

Finalmente, dijo que “quienes deben aceptar o rechazar el estilo de gobierno son los ecuatorianos en las urnas y no la CIDH, ni tampoco ciertos medios de comunicación o seudo periodistas”. “Rechazar la descalificación, descalificando, no es el mejor camino”.

Los argumentos de Alvarado son rebatidos por Pier Pigozzi, investigador asociado del Centro de DD.HH. de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.).

En primer lugar, considera que la posición adoptada por Shelton no proyecta su punto de vista personal, sino el parecer de toda la Comisión. Es por ello que sugiere ver con mucha atención el alcance de sus palabras.

Pigozzi refuta la posición de Alvarado tras afirmar que un Gobierno o un Estado no son “titulares de derechos o libertades”. Es decir que el catálogo de derechos, entre ellos, la libertad de opinión, ha sido establecido a favor de las personas. “A los Estados les corresponde cumplir la obligación de respetar y garantizar esos derechos (...)”. “ El Gobierno se equivoca al reclamar derechos para sí, y más bien debería concentrarse en explicar cómo da cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materias tan delicadas como la libertad de expresión e independencia judicial”.

Para este académico, la polémica desatada por el Gobierno, a raíz de la audiencia ante la CIDH, podría tener efectos contraproducentes. La razón: en los próximos meses habrá que estar atentos a los comunicados que haga la CIDH y a su informe anual .

“Un reproche de la CIDH bastará para desencadenar una serie de reacciones en los organismos de la ONU, que canalizan los fondos de la cooperación”. Si no se toman en serio estos pronunciamientos, el Gobierno empezará a enfrentar una cascada de efectos adversos que obstaculizarán el desarrollo de su plan de gobierno en lo nacional e internacional.

Testimonio
Juan C. Calderón/ Periodista
Soy  ciudadano y tengo derechos

Acudimos a la Comisión Interamericana porque consideramos que acá no tenemos derecho a una justicia independiente. Vimos que como periodistas, Christian (Zurita)  y yo, no tenemos derecho a un debido proceso.

Como no se trata de un tema personal con ningún funcionario y lo  cortés no quita lo valiente, le di la mano al canciller Ricardo Patiño. Hay que ser nobles, reconozco a la gente como personas, con legítimos derechos, igual seré cuando ellos ya no estén en el poder.  

Las ofensas dicen más de quien insulta que de quien las recibe. Si alguien se rebaja a ofender a otro dice mucho de sí mismo.

En los personal, no tengo por qué tener  prejuicio contra nadie. Además  no veo las cadenas del Gobierno ni las sabatinas.

Hay presiones fuertes, intensas, sobre los jueces. Así, ¿cómo defendernos? Yo trabajo en un medio privado y soy un ciudadano común que no trabaja para el Estado, pero eso no me quita ningún derecho.  A veces parece que aquí hay ciudadanos de una clase y de otra, con y sin derechos.

Nos sentimos compelidos a buscar esa instancia internacional, de la cual Ecuador es parte. No somos Los Choneros para que se nos persiga de esa manera.

A la Comisión acuden muchos sectores, los estados violan los derechos y tienen la obligación de garantizarlos. Esa semana había varias denuncias de ciudadanos comunes para que en esta instancia se resuelvan sus problemas


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