El miércoles concluye el plazo para que la Comisión de Fiscalización emita el informe sobre el pedido de juicio político en contra de la presi-denta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Miranda.
La presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, convocó para ese día a los miembros del organismo para debatir y aprobar el informe final sobre el proceso.
La cita fue establecida para las 10:30. Allí se determinará si existen argumentos suficientes para que Miranda sea enjuiciada políticamente en el Pleno de la Asamblea o no.
El legislador Marco Murillo, proponente del juicio, cuestionó a la Titular de Participación Ciudadana por sus demoras en la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, y en la conformación de las comisiones ciudadanas para vigilar el proceso de selección.
Estas demoras, a criterio de Murillo, le dieron argumentos al Gobierno para que convocara a consulta popular y que “trate de meter la mano en la justicia”.
Sin embargo, Miranda aseguró que en su trabajo no hubo retrasos, sino que se ha ceñido a los reglamentos y normas establecidas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de las autoridades de la Judicatura.
Ahora, la Comisión de Fiscalización deberá determinar sobre el informe elaborado por Silvia Salgado (Partido Socialista-Alianza País), Pamela Falconí y César Rodríguez (ambos de Alianza País), Scheznarda Fernández (ex socialcristiana), Ramiro Terán (MPD), y Franklin Purcachi (alterno de Galo Lara, de Sociedad Patriótica).
Ellos recogieron en el documento final las declaraciones entregadas por los vocales del Consejo de Participación, Fernando Cedeño Rivadeneira, Tatiana Ordeñana Sierra y Mónica Banegas Cedillo.
También rindieron su testimonio en el proceso el veedor del Consejo de la Judicatura, Ángel Gabriel Salvador; la integrante de la Comisión de Selección del Consejo, Mónica Meregildo Giler; y Franklin Freire Núñez, coordinador de la veeduría para el proceso de selección de los nuevos vocales.
La mayoría de ellos cuestionó duramente a Miranda por no apoyar el proceso de selección de los nuevos funcionarios y por haber frenado actualmente la designación del Consejo.
La excusa es que está en proceso la consulta popular, que precisamente pide que el pueblo se pronuncie sobre la reestructuración de la Judicatura.