La mesa de coordinación general se desarrolló este miércoles 3 de agosto, con participación de la Iglesia Católica, donde se evaluó el desarrollo de los diálogos y su metodología.
Se tomaron algunas decisiones. Se invitará a un funcionario de la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en calidad de veedor del proceso. El intercambio de información entre las partes se hará antes del inicio de cada mesa. De esta forma se modificó el esquema de cinco días “para aprovechar el tiempo. Yo diría que las cosas van marchando bien”, destacó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
“Al quinto día debe haber un resultado, sea positivo o sea negativo”, exigió Leonidas Iza, presidente de la Conaie. La nueva planificación de plazos se aplicará a las siete mesas que aún no se tratan. Las de focalización de subsidios y la de control de precios (se reinstala el 9 de agosto) mantendrán la metodología inicial y se reanudarán la semana del 8 de agosto.
Metodología
El mecanismo de trabajo se perfecciona y “aquí lo importante es que este es un proceso inédito para el país y, como lo dijeron las organizaciones, quién sabe si para Latinoamérica también”, refirió el Ministro al abogar por una “mayor celeridad” para cumplir las demandas de las organizaciones dentro de los 90 días plazo que estableció el acuerdo de paz.
El movimiento indígena cree que hay demoras. Jiménez defendió que hay avances como el acuerdo de la mesa de la banca pública y privada, y los compromisos para las dos mesas abiertas. Iza dijo que habrá una reunión para el seguimiento de los temas pendientes sobre los créditos.
Las mesas
El analista político Alfredo Espinoza estima que hubo presión en la constitución de las mesas y que en todo el proceso se ha dado “cancha abierta para que el movimiento indígena trace los espacios donde el Gobierno puede jugar”. Advierte que el Ejecutivo debe “establecer límites” sobre las respuestas que da porque “no se puede pretender que las agendas del sector indígena sean vistas como agendas de toda la ciudadanía, pues es un error garrafal”.
Tres meses no son suficientes para solucionar problemas estructurales, pero se debe trazar una hoja de ruta que operativice “políticas públicas serias a largo plazo, más allá de la dirigencia”, acotó.
El 11 de julio se definieron las 10 mesas temáticas y la metodología de trabajo: focalización de combustibles, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos, educación superior, control de precios, salud, y seguridad y justicia.
Instaladas
El 13 de julio se dio la instalación de las dos primeras mesas: focalización de combustibles y banca pública y privada. En ambas las partes intercambiaron criterios. La metodología estableció que se abran dos mesas de forma paralela. Al cerrarse la segunda, el 27 se abrió la de control de precios.
Resuelta
El 18 de julio se cerró la mesa de banca pública y privada tras la firma del acta de acuerdos. Se fijaron cuatro ejes: condonación, reestructuración de deudas, recalificación y apertura de créditos a sectores rurales. Entraron en vigencia el 21 de julio y se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022.
Estancada
La mesa de focalización ha tomado más tiempo. En la cuarta sesión del 29 de julio se comprometieron a crear una comisión especializada. El Gobierno debe entregar documentación hasta el 7 de agosto. La mesa de control de precios lleva tres sesiones, el Gobierno debe presentar su propuesta hasta el 5.
Evaluación
Este 3 de agosto se efectuó la mesa de coordinación general. Se evaluó el desarrollo de los diálogos. Las dos mesas abiertas se reinstalarán la semana del 8 de agosto. El Gobierno prevé que la mesa de fomento productivo se abra la semana que viene. Las partes deben presentar sus propuestas de cronograma.