¿Cuántas veces se ha repetido la escena? Cinco, ocho, 10 días de protestas indígenas en Quito, donde la presión de sus bases y el discurso radical de sus dirigentes se mantiene hasta que se abran las puertas del Palacio de Carondelet y se anuncie lo que en la política ecuatoriana se volvió un lugar común: las conformación de mesas de diálogo.
Les pasó a Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio (Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad no pudieron con el poder indígena). En varias ocasiones, los aplausos por el inicio de las conversaciones terminaron en un estrepitoso fracaso. Generalmente, son los indígenas los que se levantan de las mesas y los gobiernos los que denuncian el escaso compromiso de sus cúpulas políticas.
Al presidente Rafael Correa ya le ocurrió en septiembre del 2009. Las marchas por la Ley de Aguas terminaron en una mesa de diálogo, liderada por Doris Soliz, que no llegó a fin de año.
¿Qué ocurrirá el jueves 22? Más allá de cuántos indígenas entren en Quito y cuántos seguidores respalden a su Presidente, el conflicto político y social se reedita. ¿Volverán la Conaie y el Gobierno a sentarse en una mesa de diálogo para hablar de minería, el impacto ambiental de los megaproyectoa hidroeléctricos y petroleros, impuestos, leyes represadas en la Asamblea y libertades?
Aunque esta posibilidad luzca desgastada ante la historia, es una alternativa que no descartan las partes. Humberto Cholango y Delfín Tenesaca, desde la Conaie, saben que el diálogo debe ser la consecuencia la caminata que se inició el 8 de marzo en Zamora.
Lo admiten porque en sus planes no está la desestabilización del Gobierno. Pero esta vez hablan de un diálogo que trascienda las coordenadas de la Plaza Grande. Es decir, que la Asamblea y el Poder Judicial los escuche. Incluso, el prefecto de Zamora Ch., Salvador Quishpe, plantea un diálogo social, en donde se debatan temas vitales como el equilibrio ambiental de las zonas sensibles donde el Régimen impulsa la explotación minera a gran escala.
El Gobierno, en las últimas horas, también habla de diálogo. No lo dicen únicamente las vallas que se han colocado a lo largo de la vía Panamericana por donde avanza la Marcha por la vida. El vicepresidente de la Asamblea, Juan Carlos Cassinelli, cree que es preciso conversar, si es que existe la predisposición en los marchantes. Piensa que el Ejecutivo debe permitir que las manifestaciones lleguen a Quito y que, por la vía pacífica, la sociedad entera analice estos temas. Pero le preocupa que esta movilización no busque el diálogo, sino su posicionamiento electoral. Si ese es el caso, dice que la confrontación no se zanjará en una mesa sino en las urnas, en febrero del 2013.
Paúl Carrasco, uno de los actores de la Marcha por la vida, no niega el impulso electoral de esta jornada que hoy llega al día 12. En la ruta Riobamba-Ambato, por ejemplo, circularon afiches con su foto, simulando un binomio presidencial con Quishpe.
Más allá de este volante, está la necesidad del Gobierno de recibir a los indígenas con propuestas concretas. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, dice que la Legislatura trabaja en ello. Hasta julio se aprobaría las leyes de Aguas y la de Cultura, porque en mayo se realizarán las consultas prelegislativas en las poblaciones ancestrales. Casinnelli no ve problemas en esta agenda. Cree que el Ejecutivo, cuando vete, en los próximos 30 días, las reformas legislativas, facilitará el camino de estas consultas previas.
Además, Irina Cabezas, titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señala que está por iniciarse el análisis de la Ley de Tierras y Red Agraria, advirtiendo que la marcha no los está presionando. Diana Atamaint (Pachakutik) cree que el debate de estos documentos no será sencillo y que la confrontación política se mantendrá. ¿Será la Asamblea el único espacio para ese diálogo?
Quishpe concluye que la palabra la tiene el Ejecutivo. “Si no hay acuerdos, esta marcha no será infructuosa pues el pueblo se habrá dado cuenta de que Correa no es intocable”. Con esta frase, el Prefecto demuestra el carácter político que tiene su movilización.