2 de January de 2012 00:01

La mayoría de casos del 30-S se resolverá durante el presente año

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Quince meses después de la revuelta del 30 de septiembre, la mayoría de procesos judiciales derivados de ese hecho aún está abierta. De los casos más polémicos, solo los juicios por supuesto intento de asesinato contra el presidente Rafael Correa están cerrados. El resto está en distintas etapas judiciales, desde la indagación previa en la Fiscalía hasta la casación en la Corte Nacional.

Según los familiares de los policías implicados, la demora y falta de condena se debe a que no se ha podido probar lo delitos por los que son procesados los uniformados. Por lo que esperan que la Justicia los absuelva de todos los cargos que pesan en su contra.

Otro de los temas inconclusos ha sido el esclarecimiento de las muertes de ocho personas durante la revuelta policial del 30-S.

Así, la Fiscalía todavía no ha podido determinar quién asesinó al policía Froilán Jiménez, quien falleció cuando protegía el vehículo del presidente Correa.

Según la Fiscalía, en este caso aún no se ha determinado el autor del disparo. Hay varias versiones, pero ninguna se ha probado.

Los familiares de Jiménez reclaman que se haga justicia. Ellos acusan a los militares de haber disparado en contra del policía. Su argumento es que la bala solo es de dotación militar. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esas armas también son usadas por fuerzas especiales de la Policía.

En otros procesos, los uniformados cumplen con la prisión. Ese es el caso del coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa. Él es acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado, porque supuestamente impidió que la Asamblea se reuniera el 30-S.

En una situación similar están los policías Luis Bahamonde, Jaime Paucar y Luis Martínez, quienes ya fueron sentenciados por agredir al Primer Mandatario.

Pero no pierden la esperanza de que la justicia o el Presidente los absuelva de su condena.

A más de los procesos penales, más de 120 uniformados deben afrontar investigaciones en la Policía Nacional. La Inspectoría de la institución inició procesos para sancionar a los gendarmes que participaron en la sublevación en todo el país. Si se los encuentra culpables, el Consejo de Generales podría resolver su separación de la institución policial.

Esto fue lo que pasó con el caso del coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía. Él fue declarado inocente en el juicio penal que se le siguió por presunto intento de asesinato en contra del Jefe de Estado.

No obstante, la semana pasada, el Consejo de Generales de la institución determinó que el oficial había incurrido en una mala conducta y había afectado la imagen de la entidad armada. Para resolver el caso, se utilizaron los mismos argumentos que en el caso y que fueron desestimados.

Ahora, el oficial apelará la decisión y acudirá ante instancias internacionales para reclamar por la decisión tomada. Así lo anunciaron sus abogados.

Sin embargo, en otros procesos todavía no se han determinado responsabilidades de los policías.

Caso Araujo y Tapia
Estos procesos todavía no han sido resueltos. Están a la espera de que se tramiten las apelaciones.

El mayor retirado del Ejército Fidel Araujo fue declarado inocente,  el 4 de abril del 2011, por el Cuarto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Él  fue  acusado de incitación a la rebelión, por supuestamente haber llamado a los policías a protestar en contra del Gobierno.  
El fiscal que llevaba el caso, José Miguel Jiménez, y el Ministerio de Justicia apelaron la decisión y el caso pasó a la Segunda Sala  de la Corte Provincial de Pichincha.
Esta Sala había conocido previamente el recurso de hábeas corpus que pidió la defensa de Araujo, por lo que los jueces se excusaron de conocer el caso.   Luego de varios intentos, el Consejo de la Judicatura nombró a los jueces Jorge Andrade, Octavio Guadalupe y Fernando Real para que continuaran con  el caso.
El coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, está acusado de supuesto atentado contra la seguridad del Estado por “la toma de la Asamblea”.
El oficial fue condenado a tres años de prisión, pero apeló la sentencia y está a la espera de que la Primera Sala   de la Corte de Justicia de Pichincha la resuelva.
El uniformado padece de claustrofobia crónica, por lo que durante su detención, su salud se ha deteriorado considerablemente.

Sublevación
8 policías son procesados por participar en protestas en el Regimiento Quito, la Policía Judicial y  en el hospital

La Fiscalía inició la indagación en contra de 47 uniformados, quienes supuestamente fueron  identificados en videos, fotos y testimonios, como supuestos autores del delito de rebelión.
A ese grupo de  policías se lo señala porque aparentemente participaron   en las  protestas registradas en  las instalaciones del  Regimiento Quito, en la Policía Judicial de Pichincha y  en  el Hospital de la Policía.
No obstante, el 8 de noviembre, la Jueza Décima de Garantías Penales de Pichincha  resolvió acusar a ocho de esos  policías.
Se trata de  Paola Mafla, Andrés Solano, Fausto Iza, Álex López, Pedro Angulo, Jimmy Camisan, Víctor Hugo Soto y Rovis Arroyo.
En cambio, la jueza  sobreseyó a Giovanny  Fuentes, Marco Zúñiga, Marco Soria y al general Florencio Ruiz, quien sostuvo que nunca protagonizó hechos que hayan puesto en riesgo la estabilidad de la democracia.
El policía Camisan planteó un amparo de libertad el 28 de septiembre pasado. El argumento jurídico para esa solicitud fue que hubo “ilegalidad” durante las fases procedimentales.
 Sin embargo,   la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Isabel Ulloa, rechazó el amparo de este caso.

Caso Bahamonde y Paucar
Los dos  policías sentenciados por agredir al Presidente esperan  que los indulte a través de la Ley de Gracia

El 14 de octubre del 2011,  la Corte Nacional de Justicia condenó a Jaime Paucar y a Luis Bahamonde a dos años de prisión, como autores del supuesto delito de intento de asesinato en contra del presidente Rafael Correa, durante la revuelta policial  del 2010 en el Regimiento Quito. Ellos están apresados desde octubre pasado, luego de que se entregaron a la justicia con la esperanza de que el presidente  Correa les otorgue el indulto.
Esto fue un ofrecimiento del Primer Mandatario con la condición de que pidan perdón por su falta. Así lo hicieron los hombres, pero todavía no se ha concretado.
Según conoció este Diario, el Mandatario ya tiene en sus manos el proyecto para indultarlos. Esto se hará a través de la Codificación a la Ley de Gracia, promulgada en septiembre de 1976. Son siete artículos y una disposición final en los que se establece que el derecho de gracia se ejerce “perdonando, conmutando, o rebajando las penas impuestas por sentencia judicial”,  y se la debe presentar por escrito al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior.
Por este caso también fue condenado el policía Luis Martínez. Él deberá cumplir la pena de un  año de prisión.


El puente de la Unidad Nacional
La Corte de Guayas negó el pedido de nulidad de los policías acusados de haber cortado  la libre circulación.

El 11 de agosto pasado, el Juez Décimo Octavo de Garantías Penales de la provincia de  Guayas llamó a juicio a los policías Milton Naranjo, Fernando Patiño, Pablo Tituaña, Héctor Zurita, Juan Carlos Montalezca, Paúl Mora, Héctor Canales, Kléber Sinchiguano, Dalton Castillo, Douglas Corozo, Kléber Tello, Alberto Astudillo y José Mina.
Los 13 uniformados son procesados  porque  supuestamente   interrumpieron  el tránsito de ve-
hículos, personas y mercaderías por el Puente de la Unidad Nacional, que conecta Guayaquil con el cantón Durán.
Doce de   los procesados interpusieron el recurso de nulidad del auto de llamamiento a juicio.
Además,  ocho plantearon la apelación al llamamiento a juicio. Pero la semana pasada, la Corte de Justicia del Guayas determinó que es improcedente ese recurso para frenar el proceso.
Además, se rechazó  el recurso de nulidad, por lo que el caso deberá ser sorteado entre los tribunales penales de la provincia para que resuelva el juicio contra los 13 imputados. Según los magistrados, los videos y fotos presentados por el Ministerio Público si tienen validez y por ello, los procesados deberán  comparecer a juicio por sabotaje.


Caso Ecuador TV
13 personas están acusadas de supuestamente haber cometido el delito de sabotaje a servicios públicos.

Durante la revuelta policial del 30-S, varios ciudadanos ingresaron por la fuerza al canal estatal Ecuador TV y causaron daños a las instalaciones públicas. Ellos reclamaron porque la señal de ese medio fue la única que se difundió. Esto molestó a los ciudadanos, que pedían que se liberara  la señal de los otros canales de televisión y de las radios, para poder tener información “independiente”.
Por ello, en agosto pasado, el Juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha   emitió auto de llamamiento a juicio en contra de  Marcelo  Marín, Paúl Camacho, Pablo  Guerrero, María Alejandra Cevallos, Francisco  Endara, Patricio Fajardo, José Luis Guerrero, Galo   Monteverde, Víctor Hugo Erazo, María Graciela Crespo, Nery Proaño, Juan Carlos Carrasco y Xavier  Montesdeoca. Ellos son procesados por   el supuesto delito de sabotaje a los servicios públicos, como es la información.
Ocho de los 13 imputados plantearon un recurso de nulidad para evitar que continuara  el juicio penal en su contra.  
En el  momento, este caso está  en  la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a la espera de que  se emita una resolución y se defina el futuro del juicio.

Gobernación de Chimborazo
Cuatro miembros de la Universidad de esa provincia esperan que la Corte Nacional revise su sentencia.

Los magistrados Milton Peñarreta, Hernán Ulloa y el  conjuez  Gerardo Morales Suárez, de la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, tienen en sus manos el caso escenificado en Riobamba.
Se trata de la acusación que pesa contra  cuatro funcionarios de la Universidad Nacional de Chimborazo,    que protestaron durante los hechos del  30-S.
Son cuatro personas que  ingresaron -sin autorización- hasta el Salón de la Gobernación de Chimborazo, supuestamente causando daños materiales en las instalaciones y gritando consignas en contra del Gobierno. Ellos sostienen que ese día  protestaban  contra la Ley de Educación Superior y que fue una “coincidencia” su presencia en la Gobernación.
Sin embargo, fueron acusados de supuesta invasión a las instalaciones públicas con fines delictivos. Los cuatro fueron sentenciados   a un año de prisión y al pago de USD 40 como multa.
Tras  la sentencia emitida por la Sala Única de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo,  Lola Maldonado, Aníbal Oleas, Elías Yépez y Luis Carvajal interpusieron el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, que aún no ha sido resuelto.


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