21 de December de 2010 00:00

Más miembros de la escolta policial de la Legislatura en la mira del Fiscal

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Redacción Política

La investigación por la “toma” de la Asamblea el 30-S se aceleró. El fiscal, Miguel Jurado prepara la inclusión en el proceso penal de siete miembros de la Policía que ese día cuidaban a la Asamblea.

La acusación en su contra es por el supuesto atentado a la seguridad del Estado. El 30 de septiembre pasado, alrededor de las 08:30, los legisladores de Alianza País no pudieron ingresar a sus oficinas en el Palacio Legislativo.

Según el presidente de la Asamblea y miembro de ese movimiento, Fernando Cordero, los policías golpearon y lanzaron gases lacrimógenos a los legisladores oficialistas, pero permitieron la entrada de los representantes de la oposición, especialmente del Partido Sociedad Patriótica.

Para la Fiscalía existen los indicios para investigar penalmente a los uniformados. Por eso, Jurado pidió al Juzgado Décimo Quinto de lo Penal de Pichincha que convocara a una audiencia para incluir en el expediente a los siete policías, de quienes sus nombres se mantienen en reserva.

La diligencia estaba prevista que se cumpliera ayer en la mañana, pero fue suspendida por el pedido del propio Fiscal. Esa acción sorprendió al abogado de los uniformados, Patricio Armijos.

“No sé si es una estrategia del Fiscal o se alista para incluir a más policías dentro del caso”. Armijos sospecha que serán acusados un total de 40 policías que ese día se encontraban en la Asamblea.

“Preparamos los argumentos para demostrar que no existió un atentado contra el Estado y que los uniformados cumplían la orden de cuidar las instalaciones de la Asamblea”, sostuvo Armijos.

En ese proceso penal ya se encuentran acusados el ex jefe de la Escolta Legislativa, el coronel Patricio Tapia. Además, del mayor Javier Noboa y del cabo Marco Tibán, hermano de la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán.

Ella ha cuestionado la investigación fiscal contra su hermano y la calificó como una retaliación política por su postura crítica en contra de políticas del Gobierno.

Las críticas sobre la presunta politización de las investigaciones fiscales también salen de la bancada de Sociedad Patriótica. Su vocero, Gilmar Gutiérrez, manifestó que existe una presunta persecución de dos vías contra miembros del partido, que es la segunda fuerza política en la Asamblea, luego de Alianza País.

Una la encabeza el Gobierno y pretende incluir a integrantes de ese partido en la sublevación policial y militar del 30 de septiembre pasado. “Se abusa de recursos del Estado, con ‘spots’ y cadenas de televisión para tratar de convencer que el 30 de septiembre hubo un intento de golpe de Estado”, recalcó Gutiérrez.

La segunda es en el interior de la Asamblea. Alianza País presentó dos quejas en contra de Gutiérrez y de su compañero Gido Vargas.

Al primero se lo acusa de “organizar” a la Policía de la Asamblea para impedir la entrada de los miembros de A. País; mientras que Vargas es acusado de agredir verbalmente a su colega Pedro De la Cruz, también de Alianza País.

El Consejo Administrativo de la Legislatura comunicó de las quejas a Gutiérrez y Vargas y, ahora, espera conocer sus respuestas para tomar una decisión. La intención de Alianza País es que los dos sean sancionados por el 30-S.

Para Fausto Cobo, representante de Sociedad Patriótica en el Consejo Legislativo, no existe el sustento legal para sancionar a sus compañeros de bancada. “La queja no tiene fundamento”.

Esa tesis tendrá que superar un fuerte escollo en el Consejo, pues los delegados de Alianza País y de sus aliados son mayoría, con cinco de sus siete representantes.

Pedro De la Cruz aseguró que la investigación no es una represalia y que existen las pruebas (videos) de que policías coordinaban acciones con Sociedad Patriótica. “Hubo agresión y un claro intento de golpe de Estado (...). Nosotros tenemos las pruebas para que se sancionen a los legisladores”.

Cambio a la seguridad legislativa

Una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial viabilizará un cambio en la estructura de la seguridad de la Asamblea.

La intención es que las Fuerzas Armadas también participen en la protección del Poder Legislativo. Esa potestad, hasta ahora, es exclusiva de la Policía Nacional.

Pero, luego de los incidentes ocurridos el 30 de septiembre pasado, el movimiento Alianza País ha insistido en modificar esa norma para cambiar las tareas de la Policía. Por eso, el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, pidió que se ampliara y focalizara el estado de excepción dictado desde el 30 de septiembre.

El presidente de la República, Rafael Correa, aceptó la propuesta y decretó que las instalaciones de la Legislatura sean protegidas por los militares hasta el 9 de febrero próximo y se mantenga el estado de excepción en esa área.

Según Cordero, hasta esa fecha concretará la reforma a la ley.

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