6 de June de 2011 00:03

Más dudas por los gastos de A. País

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Los gastos de la campaña del Gobierno para la consulta popular generan más dudas. Hasta el momento, no se conoce quién, oficialmente, deberá responder sobre el manejo de los recursos destinados para la promoción del Sí.

Para el Consejo Nacional Electoral, la responsable es la ministra de la Política, Doris Soliz, quien fue la delegada del sujeto político Rafael Correa. Pero la funcionaria ha dicho que no es necesario presentar las cuentas de los gastos porque no se recibieron aportaciones privadas, que tengan que ser justificadas en el organismo.

La Ley de Elecciones establece como uno de los requisitos para la inscripción de las organizaciones la designación de tesorero y de un contador que sean los responsables del manejo económico.

El único sujeto político que no cumplió con este requisito fue el presidente Rafael Correa. En una carta enviada al CNE, el 10 de marzo pasado, dijo que no le correspondía asignar responsable de manejo económico, porque el Gobierno no realizará recaudaciones privadas para campañas.

El CNE aceptó la designación del Mandatario como sujeto político para la campaña y dejó abierta la posibilidad de que oficialice un representante para que pueda participar, entre otras cosas, en la repartición de las franjas publicitarias que recibieron cada movimiento por parte del Consejo. La cifra llegaba a los USD 65 000.

Dos días después, el Mandatario, en otra carta al organismo electoral, designó a Doris Soliz, ministra coordinadora de la Política, para que coordine lo pertinente y legal en el campaña.

Esa designación causó críticas. La oposición acusaba al CNE que tenía un trato privilegiado con el Gobierno. El asambleísta Andrés Páez (ID) considera que al haber sido declarado sujeto político debía someterse a las mismas condiciones que los demás. “Fue el único que no inscribió tesorero”.

Las dudas aumentaron el 16 de marzo, cuando la ministra Soliz envió una nueva misiva al presidente del CNE, Omar Simon. En ella le informó que “la producción de los mensajes a ser difundidos en las franjas será cubierta por los aportes del movimiento Alianza País”, pero reitera lo innecesario de nombrar a un tesorero.

Ella sostuvo que el encargado de responder por los gastos ejecutados por el Gobierno y por Alianza País será el tesorero que sí inscribió el movimiento. Es decir, el Presidente, como sujeto político, no respondería por las cuentas.

La delegación de atribuciones no está clara. Para la consejera electoral, Marcia Caicedo, una persona deberá responder por los ingresos y egresos de los gastos de campaña del sujeto político Rafael Correa, si los hubiese existido. “Es contradictorio decir que la misma organización (Alianza País) cubra los gastos de los ‘spots’. “También se analizará de dónde provienen esos fondos”.

“Cada movimiento tenía como tope máximo para el gasto en campaña USD 65 000. Pero el Primer Mandatario, al no haber aceptado donaciones privadas, renunció al uso de este rubro, dice el vocal Fausto Camacho. Él aseguró que Alianza País, al haber cubierto los gastos por la elaboración de ‘spots’, en las cuentas que presente este movimiento deberá estar registrado el egreso que hicieron para producirlos. “Qué figura presentarán ellos (Alianza País) en las cuentas no lo sé, eso tendremos que ver”.

Mientras que para Simon, “la ministra Soliz, como representante de Rafael Correa, deberá presentar las cuentas de campaña en las que puede haber incurrido el sujeto político”.

La funcionaria gubernamental ha dicho que no se recibieron aportaciones y, por lo tanto, no habrá cuentas que justificar.

Pero Gustavo Larrea, ex ministro de Seguridad dice que “es poco creíble que el Gobierno no haya gastado nada en la campaña”. Larrea advierte que el Presidente intervino abiertamente en la campaña, sus movilizaciones tuvieron costo y deben justificarse.

“Es evidente que la campaña del Gobierno fue gigantesca y los valores deben ser justificados”. Él, al igual que Páez y Villacís, considera que los USD 65 000 de tope máximo fueron sobrepasados por el movimiento oficialista.

Durante una semana se intentó conversar con Soliz para tener su punto de vista, pero cuando conoció el tema dijo que debía ser tratado por Galo Mora, secretario de Alianza País. Este Diario envió un cuestionario a Mora; pero hasta ayer no hubo una respuesta.

Los resultados oficiales aún no se emitirán

La difusión de los resultados oficiales de la consulta popular depende de la terminación de las apelaciones que presentaron las organizaciones políticas.

El Tribunal Contencioso Electoral aún tramita cinco apelaciones a las resoluciones respecto de los resultados de Guayas y Pichincha.

Si el Tribunal ratifica el conteo, el Consejo Electoral se instalará en una audiencia nacional de escrutinios para totalizar los resultados y se notificarán los resultados. Aunque estos también pueden ser apelados.

Está previsto que en los próximo 15 días se tendrán los resultados oficiales. Luego de ese acto, empezará a correr el plazo para la designación de autoridades para la Judicatura y para empezar el debate de las leyes.

El CNE tendrá que enviar los resultados a la Presidencia de la Asamblea , para que empiece con los debates de las leyes exigidas en la consulta.

El 5 de agosto vencerá el plazo para que los sujetos políticos que participaron en la última consulta popular presenten al Consejo Nacional Electoral (CNE) las cuentas de sus gastos.

El organismo determinará de dónde provino el dinero para la promoción, en qué se lo invirtió y que el monto no haya superado el límite establecido de USD 65 000, por cada organización.

Los representantes de los movimientos y sujetos políticos deberán entregar el listado de aportantes a la campaña, los montos recibidos y los documentos que sustenten los gastos para la promoción electoral.

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