La mayoría gobiernista debiera reconocer que algo anda mal en el esquema de aprobación de leyes que fabricaron a la medida. Antes fue la Ley de Aguas; hoy se empantanaron la reformatoria del Banco Central y la de Educación Superior.
El hecho de que la inclusión de las observaciones en el plenario dependa de la voluntad del presidente de la comisión que elaboró el informe respectivo no genera confianza. Tampoco que los asambleístas conozcan los textos definitivos solo 24 horas antes de la votación, y peor todavía que las leyes se voten en paquete.
Si bien la aprobación de un cuerpo legal artículo por artículo puede desfigurar su filosofía, en cambio se está lesionando el concepto del debate amplio en el plenario, que es la esencia del parlamentarismo. Esa es quizás una de las razones por las cuales el Presidente de la Asamblea debe recurrir a las reuniones de jefes de bloques constantemente.
Hay otro problema que incide en la confianza en la formación de leyes: el Ejecutivo puede recurrir al veto parcial como mecanismo para imponer su posición, como sucedió con la Ley de Participación Ciudadana, con la inclusión de aspectos distintos a los legislados pero que se impusieron por la falta de votos para oponerse en la Asamblea.
El sistema fue ideado para actuar con un bloque de mayoría, pero eso no ocurre hoy. La oposición está sensible y, de paso, el Gobierno no tiene un gran negociador. La práctica muestra que el estilo “aplanadora” tiene problemas sin consensos, incluso cuando se cuenta con un gran bloque legislativo y con todo el poder.