17 de April de 2011 00:00

La libertad de prensa del país, cuestionada

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su reporte sobre el estado de la libertad de expresión en América Latina en el 2010. En el caso de Ecuador, la Relatoría Especial presentó sus cuestionamientos a los ataques a periodistas y a la apertura de procesos judiciales en contra de medios y reporteros por supuestas injurias en contra de autoridades estatales.

En el reporte, que emitió la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, se recogen las denuncias de agresiones ocurridas el 30 de septiembre pasado, durante la insubordinación policial. Allí se señalan algunos casos en los cuales se coartó la libertad de los periodistas para informar, incluida la cadena oficial decretada por el Gobierno.

Asimismo, cuestionó el uso que da el presidente Rafael Correa a las cadenas nacionales. En el informe se aseguró que en el 2009 Ecuador tuvo 230 transmisiones de este tipo. Y en el 2010 esta práctica se extendió a otros funcionarios del Estado.

“Altas autoridades mantuvieron la práctica de usar las cadenas de televisión para referirse en duros términos a periodistas que han cuestionado decisiones del Gobierno. La Relatoría Especial ha reconocido la potestad del Presidente de la República y de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación para informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público. Pero la CIDH y su Relatoría Especial han indicado que no es cualquier información la que legitima al Presidente la interrupción de la programación habitual ('). Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”, señala el reporte.

Otro tema que preocupó a la Comisión es la existencia de normas penales como el desacato y las injurias “que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión, y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con el vigor del debate que debe caracterizar a una sociedad democrática”.

Precisamente, el Gobierno planteó demandas en contra de periodistas porque supuestamente se ha afectado la honra de las autoridades públicas. La última que se inició fue en contra del editorialista Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo, por una columna de opinión sobre los hechos en el Hospital de la Policía del 30 de septiembre. Allí se alegó la responsabilidad ulterior como delito.

Por esta demanda Correa pidió USD 80 millones y tres años de prisión para los enjuiciados. Asimismo, en marzo se inició un proceso en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por su libro ‘El Gran Hermano’, que relataba los contratos que Fabricio Correa firmó con el Estado. Según el Mandatario, se le causó daño moral porque supuestamente los reporteros afirmaron que él conocía de los convenios.

Sobre este caso, la Relatoría de la CIDH recibió una alerta el 2010 sobre la supuesta solicitud que habría hecho el 1 de septiembre la entonces ministra de Transporte, Ma. de los Ángeles Duarte, a la Editorial Paradiso para retirar de circulación el libro ‘El Gran Hermano’, rectificar el texto de un pie de foto y abstenerse de publicar una imagen, so pena de iniciar acciones legales en contra de los autores y la editorial. En la denuncia se aseguró que el 29 de septiembre pasado, la Ministra pidió a los reporteros comparecer a un Tribunal Distrital Contencioso Administrativo para declarar sobre el contenido del libro. Los periodistas no comparecieron pues no habían sido convocados por una autoridad competente. “Además, los comunicadores habrían sido objeto de diversos insultos y descalificaciones públicas por parte de altos funcionarios del Estado”, señaló el reporte.

La CIDH también expresó sus dudas sobre la concentración de medios de comunicación que tiene el Régimen. Según el informe, el Estado tiene 19 medios, entre canales de TV, radios, periódicos, revistas y agencias de noticias. Según el organismo, es importante la existencia de prensa pública que permita garantizar la pluralidad y diversidad de voces. Sin embargo, cuestionó que los medios no sean independientes del poder.

Ayer la Cancillería rechazó las aseveraciones del documento. “La Cancillería reitera la improcedencia de que los órganos del sistema interamericano pretendan interferir en los asuntos internos de los Estados miembros de la OEA.

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