5 de July de 2010 00:00

‘Las leyes no son de consenso total’

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Carlos Rojas, editor

La ministra coordinador de la Política, Doris Soliz, dice que el bloque de Alianza País en la Asamblea votará disciplinadamente por el informe de la ley de medios

¿Alianza País ya tiene los 63 votos para aprobar la Ley de Comunicación?

Esta ley ha sido largamente debatida y creo que pudiera salir con un amplio respaldo en la Asamblea. Nuestro bloque ha debatido las distintas posiciones y tenemos un acuerdo frente al informe final (del proyecto de ley de la Comisión), así que votaremos disciplinadamente.

¿Antes del receso legislativo de agosto?

Espero que sí

¿Está segura de que los 54 miembros de Alianza País votarán en conjunto?

Ese el comportamiento político de nuestro bloque' Todo el debate ya se ha dado.

Matemáticamente le faltan nueve votos para aprobar la ley. ¿De dónde vendrán?

Tenemos una alianza con el movimiento ADE (6 votos) para varios temas programáticos.

¿Y los cinco socialistas que se separaron de A. País?

Ellos son suscriptores plenos de estos elementos constitucionales que para nosotros son clave. Tengo la confianza de que la mayoría de la Asamblea va a hacer conciencia y leer la Constitución. A veces se ha perdido este debate, marcado por los intereses polarizados de las grandes empresas comunicacionales.

¿A qué se refiere? El objetivo de esta ley es garantizar el derecho de los ciudadanos a una información de calidad, veraz, verificada. También, la existencia de un ente del Estado que según el artículo 384 de la Constitución, aprobada por el 64% de la población, llevará adelante la política pública en materia de Comunicación.

El proyecto tiene temas que alertan a los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión.

¿Cuáles?

La OEA advierte que calificar una información de veraz, verificada, contextualizada' genera censura previa. ¿Por qué Alianza País no reflexionó sobre este polémico tema?

Ha habido enorme inequidad en la distribución de frecuencias, grandes abusos en el manejo de una información con muchos defectos. El eje no es defender los intereses de los grandes grupos de la información sino el bien común. Nadie en su fuero interno puede decir que la comunicación en este país es democrática, incluyente y con estándares de calidad.

¿Por qué no reconoce que en este país hay espacios de periodismo serio?

Esos espacios deben apoyar una regulación. Pero el debate se ha centrado en cómo seguir dando la misma información, sin verificar, sin ningún control.

¿Quién tiene la capacidad de establecer con objetividad lo que es verdad, el Consejo de Comunicación?

En la Ley queremos garantizar unos parámetros mínimos de madurez institucional. En muchos momentos me he sentido agredida por los medios. Una vez un periódico señaló que varios ministros no habíamos pagado el Impuesto a la Renta. Luego, nuestra aclaración fue publicada tarde y en un espacio pequeño'

¿Los ‘spots’ contra la prensa, que pauta el Gobierno, no tienen los mismos pecados: generalización y poco rigor?

La generalización no es buena en ningún caso. Le juro que yo no he visto esos ‘spots’.

Ni usted ni el presidente Fernando Cordero lo han hecho. Nadie en el Gobierno responde por el fondo del problema: los mensajes ofensivos y sesgados que hay en esas cuñas.

El presidente Rafael Correa cuando cuestiona a la prensa no generaliza. El debate central de Ley debe llevarnos a un equilibrio. Hablar de un derecho a una información de calidad debe generar un consenso.

¿Cómo garantiza una ley con madurez institucional cuando el Gobierno polariza el debate con esas cuñas y no escucha a los organismos internacionales?

Hemos respondido a una oposición política atrincherada en algunos medios. Creo que es legítimo que el Gobierno confronte y ponga en tela de discusión la manipulación de la información, pero eso no es generalizable.

¿Deberían suspenderse esas propagandas?No puedo pronunciarme porque no las he visto ni he tenido una conversación con el Secretario de Comunicación. Falta un debate ciudadano, donde la protección a los adolescentes, la censura al racismo en los programas, o el reparto equitativo de las frecuencias que eviten los monopolios sean los temas relevantes.

¿En este país ha habido monopolio de medios?

No en el sentido de una sola persona, pero sí grupos familiares.

El Gobierno controla más medios que cualquier grupo empresarial: los llamados públicos y los incautados.

Medios públicos son tres'

Los incautados son varios canales de televisión y radios' ¿Por qué el proyecto de ley de medios no dispone de su venta inmediata?

Hace dos meses, el Ministerio de Finanzas convocó a subasta pública.

¿El precio de oferta y las condiciones diseñadas permitirán una venta rápida?

Hay todo el interés de venderlos. El proceso no está en manos del Presidente sino de la AGD, que es autónoma.

Pero Correa sí influye en los contenidos informativos de esos canales.

Es lógico que el Gobierno garantice otro tipo de información.

¿Confunde el Gobierno prensa pública con prensa oficial?

Para nada, los medios públicos acogen programas críticos y voces distintas.

¿Por qué el proyecto de Ley amplió el espacio de las cadenas nacionales, de los programas diarios gratuitos para uso estatal y no reguló los enlaces sabatinos?

No confundamos lo que es ideología con el derecho a informar. El programa de los sábados es una rendición de cuentas.

Pero sin opción a réplica' allí Correa dice su verdad'

Es el espacio que tiene para responder toda la avalancha de cosas que le dicen toda la semana.

¿Por qué la Comisión no tuvo el interés de regular el inmenso espacio que tiene el Presidente para emitir cadenas, programas y enlaces?

A eso hay que darle el tratamiento de información gubernamental.

¿En qué espacio?

En el Pleno.

Cynthia Viteri dice que es ingenuo hablar de un acuerdo en el Pleno, porque el veto a la Ley ya está hecho en Carondelet' ¿Es verdad?El punto fundamental de respeto es lo que manda la Constitución. El ejercicio de equilibrio lo tenemos que pedir a todos. La oposición, lastimosamente, no tiene voluntad política.

¿La oposición es culpable de que se haya roto el acuerdo político de diciembre?

Las leyes no son de consenso total, querer contentar a todo el mundo en un proceso de transición no es gobernable.

Un tema clave de la oposición ha sido evitar que la Ley permita una censura previa y A. País rehuyó el consenso.El debate tiene la oportunidad de ampliarse en el Pleno y en el veto presidencial. Para el Ejecutivo, lo esencial es concretar los derechos de Comunicación que pide la Constitución y el Buen Vivir, así como los organismos del Sistema Nacional de Comunicación. No queremos ni controlar la información con una ley punitiva.

Si es así, ¿por qué se insiste en tener dos miembros en el Consejo de Comunicación?

Porque el Estado es el rector regulador de las políticas.

¿No es suficiente uno para cumplir ese papel rector?

El Estado no tendrá mayoría, la señal clara la estamos dando.

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