La elaboración del proyecto de Ley de Medios entró a una fase decisiva: la creación de todo el Sistema de Comunicación Social.
fakeFCKRemoveEste estamento pretende, como ha sido la tónica de leyes como la de Aguas, Educación o Registro de Datos, instaurar un modelo de manejo y control por parte del Gobierno central. De allí que en el Sistema de Comunicación deberán intervenir el Estado, autoridades públicas y actores, como los medios de información, grupos sociales y la ciudadanía.
Dentro de este capítulo también se analizará la conformación de un Consejo de Comunicación (que aparece en otros cuerpos legales), la regulación y la sanción para los medios.
Los integrantes de la Comisión ocasional de la Asamblea conocían que este tema es clave. Por eso dejaron su discusión para el final y así evitar que las reuniones se bloqueen por las diferencias entre oficialismo y oposición.
Sin embargo, en la sesión de ayer no se dio ese choque. Durante tres horas, siete de los 11 comisionados básicamente llegaron a acuerdos conceptuales sobre el Sistema. Es decir, su objetivo y las políticas que se impulsarán desde esta instancia crucial en le futuro de la libertad de expresión.
La pauta para llegar a estos consensos aparentes salió de la propuesta presentada por los legisladores de oposición Fausto Cobo (PSP) y César Montúfar (Alianza Libertad). Su idea era evitar que la discusión partiera del texto base que presentó el oficialismo.
La Presidencia de la Comisión recibió esta moción como un planteamiento contrario a que el poder político controle el Sistema de Comunicación. Cobo estuvo en la sesión para defender la tesis, mientras que Montúfar envió a su alterna Grace Almeida.
Tampoco estuvieron presentes Lourdes Tibán (Pachakutik) y Cynthia Viteri (Madera de Guerrero). Por Alianza País no acudieron María Augusta Calle ni Humberto Alvarado.
Los siete legisladores que asistieron acordaron ayer que el Sistema de Comunicación sea “el conjunto articulado y coordinado de instituciones, planes, políticas públicas, normativas y actores públicos, privados, comunitarios y ciudadanos”.
También que, desde esta instancia, se promueva la vigencia de los derechos a la comunicación, a la pluralidad de voces, diversidad, interculturalidad, la educomunicación y la producción nacional.
El debate más largo ocurrió cuando se analizaban las políticas públicas que impulsará ese sistema. Allí se estableció que el Estado formule esas tareas sin depender de la coyuntura de los gobiernos de turno.
Por eso se decidió promover el desarrollo pleno e integral de los derechos de comunicación consagrados en la Ley, la Constitución y tratados internacionales.
En ese momento, la legisladora Almeida pidió que se aclarara que esas políticas sean de carácter informativo, para evitar que los espacios de comunicación oficiales sean usados con fines proselitistas o para la difusión de funcionarios públicos.
Ese criterio no tuvo el respaldo de Rolando Panchana ni de Betty Carrillo, quienes dijeron que no se puede limitar esa tarea.
La propuesta de Almeida no fue aceptada y la discusión continuó. Se aprobó, entonces, impulsar el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Además, se dispuso que el Estado ejecutara un plan para que personas con capacidades especiales tengan acceso a la información y se cumplan sus derechos.
Quedaron pendientes las políticas sobre la producción nacional y de acceso al espectro radioeléctrico. Carrillo suspendió la sesión a las 12:20. El martes 25 retomarán el debate con la definición de los integrantes que conformarán el Sistema y el Consejo de Comunicación que estará a su cargo.
En este tema hay dos tendencias. Una pide que en el Consejo haya delegados del Ejecutivo y otra que esté conformado por representantes ciudadanos, escogidos por concursos organizados dentro del mismo consenso