14 de May de 2012 00:00

Ley electoral es ambigua en el control de los gastos

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A finales de junio el juez de la Corte Constitucional (CC) Alfonso Luz Yúnez emitirá su criterio con respecto a las demandas de inconstitucionalidad de la reforma electoral realizada por el presidente Rafael Correa.

Cinco organizaciones políticas y sociales demandaron en marzo las nuevas reglas del Código de la Democracia, por considerar que atentan contra derechos de libre expresión y de igualdad. Así, una de las críticas es la falta de un marco legal estricto que evite el uso de fondos e infraestructura pública con fines electorales.

Por ejemplo, el reformado artículo 203 de esa propuesta excluyó un apartado que prohibía a todas las instituciones y niveles del Estado -de forma expresa- el uso de bienes y recursos públicos en época electoral. A esto se suma el artículo 93 que regula la figura de la reelección consecutiva y establece que los candidatos con cargos públicos podrán elegir entre usar o no la licencia sin remuneración durante una campaña.

La asambleísta María Paula Romo (Ruptura) dice que en el país “no están claras las leyes de gasto electoral”. Por ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería tener normas definidas para poder separar lo que es el gasto para inversión pública y lo que es gasto de campaña. Esto, a propósito de que el CNE aprobó en febrero las cuentas de campaña de Alianza País, por la consulta popular 2011, donde gastó aparentemente USD 62 886 en su campaña a nivel nacional.

Este valor es criticado por políticos de oposición, quienes advirtieron que es imposible hacer una campaña nacional como la de Alianza País con ese rubro.

El jurista Santiago Guarderas tiene el temor de que ese escenario se repita en la campaña del 2013, pues con el nuevo Código se amplían la posibilidad de que las instituciones públicas y funcionarios hagan campaña.

La ONG Participación Ciudadana estableció que el primer cuatrimestre del 2011 se registró un gasto de USD 19 157 000 en spots gubernamentales. En el mismo período del 2012 hubo una inversión de 33 000 000. Es decir, hubo un incremento del 57% en publicidad oficial.

La directora de esta ONG, Ruth Hidalgo, considera que las instituciones del Gobierno han empezado ya un apuntalamiento político a propósito del año electoral. Advierte falta de voluntad política de los organismos de control. En este escenario, dependerá del pleno de la CC avalar o desechar esta reforma electoral.

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