La Ley de medios ya incide en la prensa libre

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Este sábado 3 de mayo no quedará registrada en la historia como una fecha común. Si bien a nivel mundial se celebra el Día de la Libertad de Prensa, en el Ecuador se lo hará, por primera vez, con la vigencia de la Ley de Comunicación, aprobada en junio del 2013.

Bajo el control total del oficialismo, la Asamblea Nacional aprobó ese documento que, desde el 2009, marcó buena parte de la agenda política del gobierno del presidente Rafael Correa. Y a partir de su aplicación, los medios de comunicación, en especial los privados, se han visto condicionados por unas reglas de juego que han suscitado el cuestionamiento no solo de instancias locales, sino de organizaciones internacionales.

Entre septiembre del 2013 y marzo de este año, período en el cual ha entrado a operar la Superintendencia de Comunicación, los medios de comunicación han recibido unas 93 denuncias. La mayoría de ellas (36%) tiene que ver con pedidos de rectificación.

Ya se han establecido el pago de multas a los medios mientras que en una reciente audiencia se archivó un caso de presunto linchamiento mediático. Más allá de estas estadísticas, la fecha que se conmemora hoy abre un espacio de debate sobre las consecuencias que ha generado la aplicación de la ley de medios en estos 10 meses. Este Diario identificó tres líneas conceptuales: el control estatal a la labor de los medios; las sanciones a la opinión y el debate sobre censurar o no programas discriminatorios.

Control estatal a la comunicación

Un aspecto central dentro de la Ley de Comunicación tiene que ver con el control estatal a las prácticas informativas de los medios de prensa.

Este concepto jurídico abre un debate sobre quiénes son los responsables de ejercer una adecuada regulación en materia de libre expresión: ¿la ciudadanía, los mismos medios o el Estado? La Ley de Comunicación dejó de lado el papel autorregulador que defienden los medios, bajo la premisa de que esta práctica es necesaria para mantener su credibilidad. Y los legisladores oficialistas optaron por poner al frente del Sistema de Comunicación Social a entidades del poder estatal. El Consejo de Regulación, que define los mecanismos para el ejercicio de estos derechos, está integrado por representes de instancias ahora controladas por el Ejecutivo.

También se creó la Superintendencia de Comunicación, con capacidad sancionadora, cuya cabeza fue propuesta por el presidente Rafael Correa.

El catedrático en temas de comunicación, Mauro Cervino, lamenta que la ley se haya extralimitado. Señala que las discusiones iniciales se encaminaban a que el Estado únicamente regulara el sistema radioeléctrico, para una adecuada asignación de frecuencias entre los sectores público, privado y comunitario. "Pero fueron más lejos y creó una Superintendencia y se integró de esta forma el Cordicom, con afán de ejercer control".

Sanción por una caricatura

La disposición para que se rectifique una caricatura, publicada en la sección de Opinión de diario El Universo, fue la primera sanción que emitió la Superintendencia de Comunicación. La publicación del dibujo de 'Bonil', según la Supercom, hizo que el medio tomara una "posición institucional sobre la Inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en una indagación previa". La caricatura se refería al allanamiento a la vivienda de Fernando Villavicencio.

Más allá de la resolución, el debate se mantiene en si la caricatura, al estar dentro del género de opinión, puede ser sancionada o no.

La Ley de Comunicación señala que toda persona será "responsable por sus expresiones". Ese fue el argumento que la Supercom utilizó para juzgar el dibujó, del que dijo "apoya la agitación social".

Ramiro García Falconí, abogado de 'Bonil', advirtió que el control de la caricatura es una forma de control a la libertad de expresión, ya que se trata de una obra de arte más que de un género periodístico.

"Es como pedir a una expresión de arte parámetros de veracidad y que se ajuste a la visión de lo que el poder considera que es así".

El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, no lo ve así. Para él, "la caricatura de 'Bonil' fue un acto deliberado de desinformación para forjar una realidad falsa". Así, impuso una multa al medio.

La discriminación, en el debate

La sanción a diario Extra por la publicación de la foto de una modelo atizó el debate sobre cómo sancionar las prácticas discriminatorias en las que caigan los medios.

Sobre la necesidad de proteger a grupos vulnerables y demás personas en situación de riesgo, la Ley de Comunicación incluyó una serie de artículos. Sin embargo, los mecanismos para observar posibles incumplimientos, han generado críticas.

La resolución de la Supercom contra Extra tomó con base la prohibición de la Ley de Comunicación de todo mensaje que "connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, religión, orientación sexual...".

Y a partir de este hecho, un colectivo Glbti, y la Defensoría del Pueblo dijeron que denunciarán varios programas cómicos. La activista Diane Rodríguez pidió que se reforme la manera en que los programas de comedia hacen reír a la gente, "no mediante el aborrecimiento", y que se dejara de transmitir 'La pareja feliz', 'Mi recinto' y 'Vivos'.

Pedir la eliminación de espacios es una sanción que no contempla la ley, explica la abogada Silvia Bueno. "La libertad de expresión es un paraguas muy amplio que necesariamente protege y ampara opiniones burlonas, ofensivas e impresentables. Pero así estas sean de mala calidad, sancionarlas implica entrar a una cacería de brujas que va contra la libertad de expresión".

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