13 de May de 2010 00:00

La Ley de Aguas se dilata en una consulta

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Carlos Rojas A.

Un día antes de que la Asamblea iniciara la votación de la Ley de Aguas, Fernando Cordero recurrió a un argumento legal que hasta ayer pasó desapercibido.

Presentó una propuesta de moción, mediante la cual, solicita al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) organizar una consulta prelegislativa en favor de las comunidades indígenas y campesinas. El propósito: conocer su posición frente a este proyecto de Ley que ha movilizado a sus principales organizaciones en contra del Régimen.

Si la moción es acogida, Cordero dejará sin fecha el desenlace de este polémico proyecto legal.

Cordero argumentó que este paso es necesario antes de que la Ley sea aprobada. En ese sentido, recurrió al fallo que la Corte Constitucional (CC) emitió el 18 de marzo, referente a la Ley Minera. Allí dispone que la Asamblea realice esta consulta cuando “expida normas que impliquen derechos colectivos o que eventualmente (estos) puedan ser afectados” (ver nota compartida).

El pedido de Cordero, lejos de aclarar el panorama, lo enrareció. Si la resolución de la CC es necesaria frente al trámite de aprobación de una Ley que toque los derechos colectivos, ¿por qué no se refirió a ella semanas atrás?

La presión indígena ante esta ley no es reciente. En septiembre hubo movilizaciones y a inicios de abril, Cordero habló con las organizaciones prometiéndoles incluir sus reparos en el informe para segundo debate. En ese espacio, el ‘Corcho’ no se refirió a la prelegislativa. Tampoco el martes 5 de mayo, cuando unos 200 indígenas rodearon la Asamblea.

El tema se tocó al día siguiente, en la reunión que mantuvo con los líderes de la Conaie, Ecuarunari, Feine y Fenocin. Lourdes Tibán (Pachakutik), le dijo que la Ley de Aguas sería inconstitucional sin esa consulta prelegislativa.

Cordero, entonces, propuso a los dirigentes recoger sus críticas en una comisión técnica. Esta reportaría a Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, encargada de elaborar el informe definitivo de la ley.

El acuerdo de Cordero, según Tibán y Marco Murillo (A. Libertad), era que la comisión técnica reemplace a la consulta que tardará no menos de tres meses en realizarse.

El acuerdo fue en vano. Abril no acogió sus puntos y presentó anteayer el informe definitivo que contaba con la venia del Ejecutivo. Cordero y Abril entraron en una confrontación. El titular de Soberanía Alimentaria optó por no dar declaraciones y Cordero por revivir la obligatoriedad del fallo de la CC.

En el buró de Alianza País hubo sorpresas por la moción que deberá ser aprobada hoy, con mayoría simple. En Carondelet se argumentó que fue un error no haber previsto la figura de la consulta.

Esto a pesar de que el presidente Rafael Correa ha descartado el diálogo con los indígenas movilizados. Doris Soliz, ministra de la política, prefiere resaltar la ventaja de esta decisión. “Socializaremos con las bases, pues el diálogo con la dirigencia estaba agotado”.

Además, aclaró que se trata de una consulta no vinculante. Es decir que no todo lo que arroje este proceso irá al futuro informe. Estas consultas, comentó, se aplicarían a otras leyes: Educación, Cultura y el Código Territorial.

La interrogante que no se aclaró tras la propuesta de Cordero, fue si A. País tenía los votos para aprobar esta Ley. En el Pleno, más de un legislador, opina que no.

El procedimiento de la consulta

El Consejo Administrativo de la Legislatura tiene la obligación de llevar a cabo todo el proceso para la consulta previa. El art. 57, numeral 17 de la Constitución se refiere a esta figura. Pero, de momento, la Asamblea no tiene una normativa clara para estos temas.

Según la Corte Constitucional, debe haber una etapa de preparación, que establecerá las preguntas que se incorporarán en la consulta. Luego el Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria pública, por cinco días, a la comunidad o nacionalidad. El siguiente paso será la difusión de la consulta y la realización. Luego, la ciudadanía tendrá 20 días para votar. Sus respuestas serán entregadas a la CNE.

Se realizarán mesas de diálogo y se suscribirán los acuerdos y desacuerdos a los que se llegaron. El Presidente de la Asamblea publicará los resultados, declarará el cierre de la consulta y continuará con el trámite de la ley.

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