8 de May de 2010 00:00

La Ley de Aguas, otra deuda de la Asamblea

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Redacción Política

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El retraso en la aprobación de la Ley de Aguas aumenta la mora de la Asamblea para cumplir con la orden de articular el marco legal para la aplicación de la Constitución.

La Carta Magna, vigente desde octubre del 2008, daba a la Función Legislativa un año para aprobar 14 leyes. De ellas, la Asamblea logró despachar los textos sobre Participación Ciudadana, de Registro de Datos. También la ley para la Corte Constitucional, para la Defensoría del Pueblo y sobre la Ley Penal Militar.

Sin embargo, están pendientes las leyes consideradas polémicas, por las críticas que hacen los sectores sociales y políticos. Ellas son: el Código Orgánico Territorial, de Educación General, de Educación Superior, de Cultura, del Deporte, de Comunicación y el proyecto de Ley de Aguas.

Este retraso, a criterio del asambleísta del opositor partido Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, se debe a que el oficialismo sabe que no cuenta con los votos para aprobar leyes, que motivan reacciones en la ciudadanía. “Es una estrategia para ganar tiempo y poder conseguir votos”.

El proyecto de Ley de Aguas tiene casi nueve meses en la Asamblea y no se conoce cuándo será despachado. El jueves, el presidente Fernando Cordero dejó pendiente la votación sobre el articulado durante el segundo debate, mientras las comunidades indígenas y campesinas hacían presión fuera del Legislativo.

Pero él no atribuye a esa presión, su decisión de aplazar el trámite final de la norma. Argumentó que no existía un texto definitivo para aprobar. Durante los dos días de discusión del proyecto se recibieron las observaciones de 64 legisladores (600 minutos de grabación) que deben ser incluidas en el nuevo documento.

Pero por el momento ni siquiera hay claridad sobre si en verdad hay un compromiso para incorporar las recomendaciones de los dirigentes indígenas. Ellos se muestran desconfiados aunque reconocen que un equipo de sus abogados trabajan con la Comisión que redacta el proyecto final. Cordero ratifica que hay un acuerdo para modificar los artículos sobre las potestades de los municipios para manejar el agua y sobre la conformación del Consejo Pluricultural.

En los que se mantiene una diferencia casi irreconciliable es sobre el control que -según el proyecto- tendrá el Ejecutivo sobre la Autoridad Única del Agua, el órgano director y regulador para el manejo del recurso.

Manuel Chugchilán, titular de la Federación de Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), reconoció ese acercamiento. Sin embargo, explicó que no confían en que sus pedidos serán incluidos en la ley. “Han pasado nueve meses y no hemos visto resultados”.

Por eso es poco probable que las tensiones generadas por el debate de la ley y las movilizaciones indígenas y campesinas bajen.

Mientras el titular de la Asamblea asegura que la fecha para aprobar la ley dependerá de la agilidad del presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, los indígenas amenazan con nuevas movilizaciones. Pero ni siquiera en la oficina de este asambleísta de Alianza País, se atreven a aventurar una fecha para presentar el texto final del polémico proyecto.

La respuesta a Rafael Correa

El titular de la Asamblea, Fernando Cordero, contestó las declaraciones del presidente Rafael Correa, sobre la Ley de Aguas.

Según Cordero, varios errores detectados en esa norma vienen de la propuesta de la Secretaría del Agua. Por eso rechazó la opinión del Presidente de que la “Asamblea va de error en error”.

Sus palabras mostraron cierta incomodidad por el pronunciamiento de Correa, quien dijo que cuando la ley vaya a sus manos será mejorada. Cordero dijo que alguien desinforma al Mandatario.

“Señor Presidente, usted y nosotros estamos comprometidos con los mismos ciudadanos, con la misma revolución. En esta revolución no se puede permitir que le desinformen a usted y a mí”.

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