23 de August de 2010 00:00

La Junta tiene que muñequear un veto con el presidente Correa

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Redacción Guayaquil

La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) está acostumbrada a los vaivenes de la política ecuatoriana. A lo largo de la historia, más de un Gobierno la intentó absorber, pero siempre salió a flote con el respaldo de políticos cercanos a las élites guayaquileñas.Ahora, con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), el pasado 11 de agosto, se abrió un nuevo capítulo de incertidumbre para la institución.

La comercialización de sus productos de Lotería Nacional pudiera verse afectada con el artículo 172 de esa propuesta legal. Ese inciso permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) financiarse a través de rifas, sorteos y loterías propias. La venta de loterías genera el 40% de su presupuesto, calculado en USD 120 millones para el 2010.

Con ese capital se financian cuatro hospitales, dos asilos, dos albergues para niñas, dos unidades educativas, un taller de confección y el cementerio general. El 50% de sus pacientes es de Guayaquil y el resto proviene de diferentes ciudades del país.

Óscar Orrantia, director de la JBG hasta mayo pasado, dice que al revisar el borrador del Código se percataron de ese artículo y oportunamente comunicaron su preocupación a los asambleístas de la Comisión de Gobiernos Autónomos, la cual elaboró la Ley.

El vicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana, no se enteró de ese episodio. Por eso, le sorprende que tras nueve meses de discusión que tuvo el proyecto, recién la institución evidencie su inconformidad. “No nos culpen de un tema que no tenemos sino la responsabilidad de haberlo aprobado. Nadie ha querido perjudicar a la Junta, lastimosamente está fuera del escenario de la Asamblea. Ahora es el Presidente el que tiene que decidir”.

El actual director de la Junta, Werner Moeller, hará directamente ‘lobby’ con el presidente Rafael Correa, quien tiene en sus manos el Código Territorial. Ayer en un comunicado dijo que el 17 de agosto pidió al Jefe de Estado que vete el artículo en mención.

Moeller no cree que el polémico artículo sea una maniobra del Gobierno, pues entre ellos dice que la relación es “excepcionalmente buena”. Actualmente, la Junta mantiene convenios con el Ministerio de Salud para atender pacientes y varios ministros conocen los hospitales. Además, Orrantia recuerda que este Régimen le entregó USD 5 millones para la nueva maternidad que se construye en el complejo hospitalario, en el sector de la Atarazana.

Pero ¿es probable que el Mandatario emita un veto a favor de la Junta? La asambleísta de Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, no cree que eso ocurra. A su juicio, fue un golpe premeditado por el Gobierno y la bancada de Alianza País para disolver el monopolio de la lotería nacional que tiene su bastión en Guayaquil.

En el 2000, como legisladora por el Partido Social Cristiano (PSC), ella apoyó en el Congreso las reformas a la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (Trole 2), en beneficio de la recaudación de impuestos para la Junta. La propuesta la planteó el presidente Gustavo Noboa, pues con la conversión de sucres a dólares los ingresos de la Junta, por concepto de tributos en Guayaquil, se redujo a USD 800.

En 1993, León Febres Cordero, entonces alcalde de Guayaquil, defendió a la Junta de Beneficencia, tras las declaraciones del prefecto de Pichincha, Federico Pérez y del Comité de Defensa de la Democracia y de Pichincha.

Ellos acusaron a la entidad de financiarse exclusivamente de fondos públicos y de poner trabas a la venta de la lotería La Quiniela. “Estoy seguro que la Junta debe tener sus cuentas en orden”, dijo en ese entonces el líder del PSC, fallecido en el 2008.

La asambleísta Viteri niega que la institución haya tenido padrinos políticos, pues dice que es más antigua que los partidos vigentes. Esto pese a que algunos de sus directores incursionaron en la escena política, como el ex presidente Carlos Julio Arosemena Tola (1947-1948) o el concejal por el PSC José Plaza Luque.

En la actualidad, no hay un bloque legislativo fuerte que la represente. El PSC está en decadencia y Madera de Guerrero apenas tiene siete asambleístas.

El alcalde de Guayaquil Jaime Nebot adelantó que en la ciudad no se hará una lotería. Pero no ha iniciado una campaña en defensa de la Junta. Mientras el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, propuso que pudiera anexarse un artículo que establezca que en la provincia se trabajará de manera obligatoria con la Junta para la organización de los sorteos y no se afecte su labor social.

Otras loterías fallecieron

El hecho de que la Junta se haya mantenido invicta durante 123 años también tiene un trasfondo político, pues sus directivos lograron convencer a los presidentes de turno e incluso a una dictadura militar (1965) para que no toquen a la institución. Ahora el cabildeo será con Alianza País.

A inicios del siglo XX, la Ley de beneficencia, conocida como Ley de manos muertas, prácticamente acabó con las juntas benéficas de Quito, Ambato y Manabí.

Porque se les entregó los bienes de la Iglesia, pero al mismo el Estado ejerció control sobre ellas. Fue el principio del fin. “El presidente Luis Cordero Crespo mandó un Decreto diciendo que no se toque a la Junta de Beneficencia de Guayaquil”, recuerda Óscar Orrantia.

Otras loterías fueron autorizadas por las prefecturas de Pichincha y Manabí en el último periodo democrático, pero no sobrevivieron. También surgió una rifa privada, denominada La gran jugada, la cual, fue revocada en el gobierno de Rodrigo Borja, luego de que Juan José Illingworth denunció presuntas anomalías.

Durante la Asamblea Constituyen, en el 2007, su presidente Alberto Acosta propuso acabar con el “monopolio” de la lotería en la Constitución. Pero no se concretó. Más tarde, con la reforma de equidad tributaria, Correa eliminó las preasignaciones que recibía la Junta. Estas provenían de cobros que se hacían a ciertas transacciones bancarias. Ese monto, USD 3 millones, fue incluido en el Presupuesto del Estado y desde enero del 2009 se lo entrega directamente a la institución. Corresponde al 2,5% de los ingresos de la Junta

Si el polémico artículo del Cootad se aprueba, los gobiernos autónomos y descentralizados tendrán vía libre para realizar loterías. Paúl Granda, alcalde de Cuenca y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, afirma que la norma es positiva. “¿Por qué la Junta es la única que podría desarrollar este tipo de actividad?”, reflexionó el alcalde electo por Alianza País.

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