Los juicios políticos ya no son una prioridad

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Santiago Estrella G. Redactor

En la Asamblea, en lo que va de este período que comenzó en mayo del año pasado, no hay un solo pedido de juicio político. La tarea fiscalizadora, atribución fundamental de un cuerpo legislativo (además de dictar leyes) es para los sectores opositores al Gobierno una de las cuentas pendientes de este Parlamento. Pero es algo con lo que no están de acuerdo los sectores de Alianza País (AP).

Compuesta por 11 miembros, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, ocho son de AP. En palabras de María Paula Romo, exlegisladora, es algo natural a la composición general de la Asamblea Nacional, en donde la mayoría oficialista es superior a la de las otras fuerzas.

Sin embargo, ella y otros exlegisladores como César Rodríguez, quienes fueron cercanos inicialmente al oficialismo y ahora están en la vereda de enfrente, acuerdan que en esta Legislatura la fiscalización es una quimera y está sometida al arbitrio del Gobierno.

Al menos en la Asamblea anterior, que legisló entre el 2009 y el 2013, hubo un juicio político: a Gloria Sabando, quien ya había dejado su cargo como superintendenta de Bancos. Romo recuerda que fue un "pedido del presidente Rafael Correa en una sabatina".

Hubo dos pedidos más: al exfiscal Washington Pesántez y al entonces Consejo de la Judicatura, presidido por Benjamín Cevallos, pero no prosperaron en el Parlamento.

Gabriel Rivera (AP), presidente de la actual Comisión de Fiscalización, advierte que ese organismo legislativo "jamás va a ser caja de resonancia de la partidocracia", porque el argumento de la poca tarea fiscalizadora es un arma política de la oposición para denostar a la 'revolución'. Además, afirma que si se quiere hacer una fiscalización desde la oposición, "nosotros haremos la fiscalización desde el oficialismo".

Con ello se reafirma en que, si bien algunos quisieran ver juicios políticos todos los días, no se va "a prestar para eso sin tomar en cuenta contextos y responsabilidades políticas".

Para Romo, se trata de una expresión "cómica" la de Rivera y que en la Asamblea ya no se cuidan ni las formas.

No se trata -en sus palabras- de ser una caja de resonancia, sino que toda Legislatura tiene por esencia que ser un contrapeso del Ejecutivo. Tampoco se debe "estar torpedeando" al Gobierno, pero se debe hacer un control político. "Lamentablemente, la Asamblea se convirtió en una caja de resonancia del Ejecutivo, que es igual o más grave que serlo de la oposición", dijo Romo.

Desde mayo, la Comisión convocó a 13 audiencias a distintos funcionarios para que expliquen sus actuaciones. Destaca el llamado al procurador Diego García porque había establecido que aquellas personas que tenían una participación accionaria de más del 6% del paquete de los bancos que cerraron en la crisis de 1998, no debían pagar los intereses de la deuda que mantenían.

El resultado fue aceptar la observación legislativa. "Si no lo hubiera hecho, esta Asamblea seguro que le hacía un juicio político", afirma Rivera Para este año , Rivera tiene en agenda al menos 26 casos para estudiar. Entre ellos se encuentran las acciones de la Fiscalía sobre el dictamen fiscal en el caso Chevron-Texaco que emitió Cecilia Armas. También pedirá explicación del porqué no se respetó la debida cadena de custodia de los elementos probatorios de los hechos del 30 de septiembre del 2010. Y aunque en el primer caso aclaró que no se puede establecer un juicio político, "es preocupante que (Armas) sea la segunda en orden de la Fiscalía", afirma Rivera.

Pero Rodríguez afirma que en la Legislatura que terminó sus actividades el año pasado, por lo menos había una voluntad política. Recuerda que por lo menos hubo 12 casos en los que se llegaron a todas las instancias del proceso de fiscalización. "Ahora eso es algo que ni siquiera se les ocurre", afirma.

El juicio político no es la única forma de fiscalización. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son tres los procedimientos de la tarea fiscalizadora. El primero es solicitar información; el segundo, que los funcionarios comparezcan ante las comisiones legislativas, y el último, en caso de que no corrijan o no sepan explicar sus responsabilidades políticas, llamar a juicio.

Pero ninguno de los tres casos son visibles ahora. Al menos eso piensa el socialcristiano Luis Fernando Torres, para quien la fiscalización era la de otros tiempos. Ahora solo "llegan al Pleno, saludan, leen y se despiden. No hay cómo preguntarles nada".

El juicio político, cuya existencia ha sido casi nula desde que se suscribió la nueva Constitución, en el 2008, es una figura que está presente en todos los parlamentos del mundo.

En la historia del país, han servido para revelar irregularidades en la gestión gubernamental. Los casos más sonados fueron la destitución de Carlos Feraud Blum, en 1981, por el caso de las muñecas de trapo. Alberto Dahik fue destituido dos veces. Una como ministro de Finanzas de León Febres Cordero y otra como cicepresidente en la administración de Sixto Durán Ballén, por el uso de gastos reservados, en 1995.

Fiscalización de la Función Legislativa

  • 1986 y 1995. Alberto Dahik fue el único funcionario destituido dos veces. La primera como ministro de Finanzas de Febres Cordero y la segunda vez como Vicepresidente de Durán-Ballén.
  • 1997. Abdalá Bucaram fue el primer presidente de la República destituido en un juicio político en el que fue acusado de incapacidad mental para ejercer la Primera Magistratura.
  • 2010. A Washington Pesántez también le pidieron comparecer ante un juicio, pero finalmente los asambleístas opositores retiraron el pedido de destitución del entonces Fiscal.
  • 2011. Los asambleístas también pidieron un juicio político al entonces Consejo de la Judicatura, pero fuerzas de la oposición, como el partido Social Cristiano, lo impidieron.
  • 2011. Gloria Sabando, superintendenta de compañías, es la única funcionaria desde la Constitución de Montecristi, en ser llevada a juicio, por pedido del Presidente.
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