La ministra de Inclusión Social, Ximena Ponce, inició ayer su defensa frente a su eventual juicio político. Ella aseguró que la versión del asambleísta Galo Lara no tiene fundamento para llevarla al banquillo.
El legislador de Sociedad Patriótica dijo que existe anomalías en el programa de Cobertura de Protección Social que rige el Ministerio a favor de los inscritos en el bono de desarrollo humano. Lara aseveró que 21 970 familiares de fallecidos no han recibido el dinero que ha prometido el Régimen y eso les perjudicó.
Sin embargo, para la Ministra esa versión no fundamenta que exista un juicio en su contra. Ella explicó que el programa se parece a un seguro privado, que brinda dos beneficios: servicios exequiales (hasta máximo USD 300) y un seguro de vida (fijo de USD 500), que puede ser reclamado hasta dos años después del incidente.
Ponce explicó que las personas interesada deben cumplir con un procedimiento y documentos para recibir la ayuda. En el caso de los servicios exequiales se recibirá inmediatamente el dinero, luego de llamar a un teléfono gratuito del Ministerio de Inclusión. “No existen tramitadores ni intermediarios”, recalcó Ponce.
Hoy está previsto que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reúna para calificar el pedido de juicio . Según las normas legislativas, en caso de que el proceso supere esta etapa el legislador demandante y la funcionaria deberán presentar sus pruebas.
Justamente, en esa etapa se encuentra el segundo pedido de fiscalización que está en la Asamblea. El acusado es el ministro del Interior, José Serrano, quien supuestamente interfirió en el Poder Judicial, cuando, presuntamente, amenazó a un juez que llevaba el caso del coronel César Carrión, acusado en el 30-S.
El juicio político fue planteado por el legislador, César Montúfar, quien sostuvo que el funcionario del Gobierno intervino ilegítimamente en un proceso judicial, violó el principio de independencia de los poderes del Estado y de la Función Judicial, amenazó y ofendió a un juez, inobservancia al Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio del Interior, afectación al Estado Constitucional de derechos y de justicia…
Serrano ha asegurado que no amenazó al judicial sino que él denunció que había una sentencia preparada a favor del coronel Carrión. Eso habría ocurrido antes de que se realizara la lectura del fallo, como lo establece la ley.
Según la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, el proceso contra el ministro Serrano pudiera extenderse hasta finales de mes, cuando se presente el informe motivado que resolvería si el funcionario es enjuiciado en el Pleno de la Asamblea. Hasta el momento, solo dos de 15 casos han llegado al Pleno y fueron contra los vocales de la Judicatura y contra la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando.