22 de March de 2012 00:01

Los juicios contra dirigentes sociales en suspenso

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Aunque la lluvia de acciones penales en contra de quienes han reclamado al Gobierno parece estar en suspenso, los dirigentes sociales creen que con la Marcha por la Vida se reactivará lo que ellos consideran la “criminalización de la protesta social”.

Este término ha servido para definir la supuesta intolerancia del gobierno de Rafael Correa a las manifestaciones en las calles. La misma Defensoría del Pueblo, cuando estaba dirigida por Fernando Gutiérrez, señaló que entre marzo del 2008 y junio del 2010 hubo 63 casos de criminalización de la protesta social “como un mecanismo de control e intimidación” del Régimen.

Precisamente por ello, ahora los dirigentes de los grupos de izquierda temen que con la Marcha por la Vida se reactiven los juicios. Este miedo se refleja en la reciente detención de un estudiante.

Ayer, el presidente de las Juventudes Revolucionarias de Cotopaxi, Israel Cadena, cuando iba a una reunión con los estudiantes en Latacunga, denunció el MPD.

Escala dijo que el joven fue acusado de supuesta asociación ilícita, porque “la agrupación apoya la Marcha por la Vida. Tienen miedo y por eso nos amenazan”.

Esta ha sido la queja varias organizaciones han llevado incluso ante organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la presunta “persecución del Gobierno a los dirigentes indígenas y sociales que se oponen a las políticas que ha emprendido el Régimen”, señaló Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), durante la audiencia ante el organismo, a finales del año pasado.

Esta estrategia del Ejecutivo, según el movimiento indígena, se ha utilizado desde el 2007. El primer caso fue el de Dayuma, en Orellana, en donde se detuvieron a 45 personas, entre ellas a la prefecta Guadalupe Llori, quien lideró un paro petrolero.

A partir de entonces, el Régimen ha recurrido en varias ocasiones al sistema judicial para procesar a todo aquel que, a su criterio, haya cometido un delito, durante las manifestaciones.

La mayor cantidad de casos se registraron en el 2010, cuando la Conaie lideró las marchas en contra de la aprobación de la Ley de Aguas. Así, varios dirigentes indígenas, entre ellos el ex presidente del movimiento, Marlon Santi; y Delfín Tenesaca (Ecuarunari), y Marco Guatema fueron demandados por supuesto sabotaje y terrorismo, por la desaparición de un par de esposas de un policía (ver tabla adjunta).

En julio del 2010 se condenó a siete ex autoridades y dirigentes indígenas del cantón Nabón, que se opusieron a la explotación minera en la zona. Ellos fueron beneficiados, en diciembre pasado, de la amnistía.

Según Escala, para este año la cifra bordea ya las 300 personas. Allí están los 10 detenidos el 7 de marzo, porque supuestamente pertenecían al Grupo de Combatientes Populares (GCP).

Sin embargo, la Fiscalía asegura que de los casos que relatan los movimientos sociales, muchos han quedado sin avanzar porque el Estado finalmente ha desistido en sus demandas. Un ejemplo, son los casos referidos a Nabón. Además, esta entidad señala que dentro de estos procesos se ha evitado usar la figura de terrorismo porque no hay sustento para aplicar en marchas que no han sido para nada violentas.

Los rostros de 8  líderes que han sido procesados en los últimos años

Marco Guatemal
Presidente de la FICI

Delfín Tenesaca
Titular de  Ecuaruari

Marlon Santi
Ex presidente de Conaie

José Acacho
Dirigente Shuar

Pedro Mashian
Dirigente shuar
 
Carlos Pérez
Dirigente de Tarqui

Gloria Chicaiza  
Ecologista

Guadalupe Llori
Prefecta de Orellana

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