El juicio contra Gloria Vidal no incluye la denuncia de ‘espionaje’

En la mesa de Fiscalización.     Jorge Escala (centro) logró el apoyo  de la socialista Silvia Salgado.

En la mesa de Fiscalización. Jorge Escala (centro) logró el apoyo de la socialista Silvia Salgado.

El escándalo del supuesto espionaje oficial a autoridades y dirigentes estudiantiles de los colegios fiscales no está dentro de los alegatos que la oposición presentó en la Asamblea Nacional, de cara al inicio de dos posibles juicios políticos en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal.

El caso se hizo público el viernes anterior, luego de las denuncias del legislador Jorge Escala (MPD-Pachakutik). Él dijo que el Ministerio de Educación emprendió una especie de ‘mapeo’ para conocer la filiación política de maestros y líderes estudiantiles secundarios, así como su afinidad con el ‘proceso’.

Estas denuncias se conocieron un día después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara la procedencia del pedido de juicio político que el propio legislador había iniciado semanas atrás. Allí, Escala alegó que Vidal no ha cumplido con el derecho a gratuidad en la educación y que tampoco ha entregado bonos por el difícil acceso a los planteles, entre otros temas.

A más de la arremetida de este legislador emepedista, estuvo la del ex oficialista César Rodríguez. Pero su pedido de juicio político, por el aparente incumplimiento de la Ministra de varios aspectos de la Ley de Educación Intercultural, no pasó ayer.

Ambos temas, no obstante, se han quedado de lado luego de que se conociera la denuncia del censo político del Ministerio que derivó, el viernes, en la destitución del asesor Oswaldo Redrobán. Debido a que este caso está por fuera de los procesos aprobados por el CAL, la oposición analiza los caminos para incluirlo. Ayer, el asambleísta independiente Alfredo Ortiz, miembro de la Comisión de Fiscalización, dijo que si se da paso a la sustanciación de los juicios, pedirá que la Ministra informe y explique también sobre ese tema.

Ayer, Vidal se reunió en la Asamblea con la bancada de Alianza País, para evaluar la situación política. Esto mientras en Fiscalización, de mayoría oficialista, se autorizaba la fase de sustanciación de pruebas en el pedido de juicio de Escala. Hubo siete votos a favor y tres abstenciones. El oficialista Fernando Cáceres y la socialista Silvia Salgado se unieron a la oposición. Los demás legisladores de Alianza País se abstuvieron.

De inmediato se rechazó el proceso que planteó Rodríguez. Este legislador anunció, horas antes, que iba a enjuiciar a los miembros de la Comisión si no daban paso a este proceso. Vidal tendrá que responder en 15 días.

De otro lado, el malestar en los docentes y líderes de consejos estudiantiles persiste. Lady Morales, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), contó que mantuvo conversaciones telefónicas y reuniones con presidentes de varios colegios. Estos le manifestaron su rechazo al presunto interés del Ministerio de Educación por conocer la orientación política de sus integrantes.

“Piden explicaciones y están inconformes, porque es un atentado a la democracia. Cada persona es libre de tener su ideología”, detalló la líder de la FESE.

Sus palabras coincidieron con las de Gonzalo Remache, rector del Colegio 5 de Junio. Aclaró que a su despacho no llegó ninguna ficha para el presunto mapeo. Pero dijo que de ser esto cierto se atenta contra la democracia.

La Unión Nacional de Educadores “rechazó esta disposición inconstitucional, que violenta derechos humanos fundamentales, el respeto a la filiación ideológica y política de los ecuatorianos ”.

La sociedad civil  alerta

El Contrato Social  por la Educación  dijo  mirar   “con preocupación” el oficio que había firmado el asesor Oswaldo Redrobán sobre este mapeo.

“Poner en marcha  iniciativas de ‘mapeo’ de filiación  es atentatorio a las libertades   y podrían insinuar la implantación de probables sistemas de ‘inteligencia’  y control político en las escuelas y colegios reñidos con la ética y la convivencia democrática”.  Contrato Social aplaudió la destitución de Redrobán pero pidió  un esclarecimiento del caso.

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