El Ecuador se ha convertido en un factor importante y decisivo dentro del proceso electoral colombiano. A menos de 12 días de la primera vuelta, el clima electoral en Colombia está enrarecido por el avance del juicio en Sucumbíos contra el ex ministro de Defensa y actual candidato oficialista, Juan Manuel Santos, por el ataque de marzo del 2008 a Angostura.La preocupación se debe a que en los círculos políticos colombianos cada vez se ve más cerca un escenario en el que Santos -quien lidera las encuestas junto al candidato verde Antanas Mockus- llegue a la Presidencia con una causa penal abierta en Ecuador.Y aunque la situación judicial de Santos ha estado presente en toda la campaña, ayer la inquietud se agudizó luego de una entrevista que concediera a la cadena RCN en Madrid el presidente ecuatoriano Rafael Correa, en la que se refirió el tema.En ese diálogo, Correa dejó en claro que su Gobierno “no moverá un dedo para impedir que avance el juicio a Santos”, quien es acusado de planificar el ataque al campamento de las FARC, en el que murieron 26 personas, entre ellos el jefe guerrillero Raúl Reyes. Al contrario, el Mandatario expresó su acuerdo en que la Justicia ecuatoriana continúe con la investigación, pues considera que el 1 de marzo del 2008 se registró un delito y que la causa no es una persecución al candidato.“El Poder Judicial está cumpliendo con su deber, que es no perseguir personas, sino investigar y perseguir delitos, y el primero de marzo del 2008 se cometió un delito en Ecuador y es deber investigarlo”, dijo a RCN.Esta postura encendió las alarmas en Colombia, donde había la esperanza de que el Gobierno ecuatoriano intercediera ante la Justicia, que esta semana dispuso que se notifique a Santos por el juicio y la orden de prisión. Si bien en Colombia se sabía que Correa mantiene su discurso de que la Constitución no le permite intervenir en asuntos de la Función Judicial, existía la esperanza de que sí pudiera interceder o enviar mensajes de prudencia al Juzgado de Sucumbíos. Por ejemplo, como ocurrió en octubre del año pasado, en medio del proceso de normalización de relaciones bilaterales. Por entonces Javier Ponce, ministro de Defensa ecuatoriano, había declarado que era “inoportuna” la decisión judicial de pedir el arresto de Santos y a otros militares. Sin embargo, ante el nuevo pronunciamiento de Correa y la ausencia del presidente Álvaro Uribe y del canciller Jaime Bermúdez, quienes participaron en España de la Cumbre UE-América Latina, el ministro del Interior, Fabio Valencia rechazó el caso.Él reiteró que su país no reconoce jurisdicción de las instituciones judiciales ecuatorianas para juzgar a ningún funcionario colombiano. Pero ante la importancia y repercusiones de las declaraciones del presidente Correa (la discusión de la campaña se enfocó desde ayer en la situación jurídica de Santos), el propio Uribe habló del caso en España.Allí, el Presidente anunció que su administración brindará toda la “solidaridad” y “protección” a Santos, quien es el abanderado de las principales tesis de su proyecto político de Uribe, quien terminará su mandato en agosto.