24 de March de 2011 00:00

El juicio a los periodistas afecta el debate público

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Marco Navas, jurista y politólogo, considera que si los juicios del Presidente se llegan a concretar, los jueces deberán demostrara su independencia.

El presidente Rafael Correa intenta impulsar un juicio bajo la figura de daño moral, contra periodistas. ¿Cómo entender esa acusación?

La institución jurídica del daño moral consiste en un dolor o afección a la personalidad de una persona producto de un hecho ilícito. Este dolor o angustia psicológica se puede dar por una afectación a la imagen, la honra o la buena reputación. La persona afectada, según la legislación, tiene derecho a interponer una acción de tipo civil por esta causas. El Presidente sí tiene derecho a interponer una acción de ese tipo. Pero se deberá probar la existencia del ilícito y cómo le causó daño en concreto.

¿Cuáles serían los riesgos de que una autoridad como el Presidente emprenda un juicio contra periodistas por su trabajo?

Los riesgos pueden tener varias connotaciones, especialmente en el debate democrático. El propio Presidente ha convertido este tema en un debate público y por lo tanto es susceptible a críticas que se realicen en su contra. Sin embargo, a pesar de que Rafael Correa es un ciudadano también es una figura pública que está sujeta al escrutinio. Que el Presidente ponga un juicio contra periodistas, a mi criterio, altera el debate democrático, enrarece la atmósfera y afecta a la libertad que pueda tener la gente.

¿A qué se refiere?No creo que directamente constituya una amenaza, pero me parece que este tipo de acciones crea en las personas, sobre todo en aquellas que trabajan en el campo de la información, una especie de imaginario de amenaza.

¿Y esto qué generaría en los periodista ecuatorianos?

Una actitud cultural que favorece la autocensura, y eso es negativo para el desarrollo de la democracia en todo Estado.

¿Cómo afectaría a la democracia concretamente?

Sería una afectación potencial. En este caso que incidiría en la justicia. Por ejemplo, cuando un juez tome una decisión, que pudiera ser criticada por los actores sociales. Además, el problema se trasladará a la cancha del juez y lo que se planteará es un desafío a su independencia. En el caso de la demanda a los periodistas, los jueces que conocen este caso deberán demostrar ser probos. Otra buena opción sería una veeduría ciudadana que vigile el proceso.

¿El Presidente utilizó la herramienta adecuada para actuar judicialmente a lo que él considera un daño moral?

Tenía varias acciones y una de ellas era ejercer su derecho a emprender una acción civil. Pero desde un punto de vista en conducta política, no fue la mejor medida. Podría haber utilizado el derecho a la réplica o a la rectificación. Había otras alternativas. En ese sentido sería importante que el Presidente reflexione sobre la conveniencia democrática de interponer este tipo de acciones.

¿Cómo analiza que un Primer Mandatario exija grandes cantidades de dinero por concepto de reparación del presunto daño moral?

El daño moral no es un daño calculable, incluso una compensación económica no reemplaza la lesión causada. El asunto no está en pedir una gran cantidad sino en demostrar que hubo una afectación. No obstante, la indemnización cuantiosa me parece un asunto inconveniente, porque le podrían atentar contra el patrimonio al acusado. Esto afectaría, además, su calidad de vida. Pero después de todo, el monto exigido es una cuestión subjetiva que parte del hipotéticamente afectado.

¿Los comunicadores qué deberían considerar y rescatar de este juicio?

Los periodistas tienen el reto de informar y de examinar la conducta de los funcionarios públicos y eso no debe cambiar. Por otro lado, si existe una investigación sistemática, que sea seria, que tenga respaldos no tendrían que temer un juicio de donde sea que venga. Sin embargo, si este juicio se llega a concretar y se castiga a los dos periodistas sentará un antecedente importante en la historia política del país.

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