La Comisión de Fiscalización analiza ampliar el plazo para entregar el informe sobre el juicio político en contra de los nueve vocales del actual Consejo de la Judicatura.
Uno de los argumentos es que se debe analizar la actuación de cada uno de los vocales de forma individual y además, como parte de un grupo colegiado.
Ellos son acusados por el legislador de Alianza País, Mauro Andino. Según el oficialista, los vocales han cometido abuso de poder y han incumplimiento sus funciones legales.
Durante la exposición de sus argumentos, Andino aseguró que en la Judicatura se han cometido actos de corrupción, se ha mentido en la declaración juramentada de bienes y ha existido conflicto de intereses.
A pesar de que el juicio político se planteó contra todos los vocales, la mayoría de pruebas se ha centrado en contra de dos de ellos: el presidente del Consejo, Benjamín Cevallos y el vocal Germán Vásquez.
Por ello, la idea de analizar si son procesados de forma individual cobra mayor fuerza entre los asambleístas de Alianza País.
La Comisión de Fiscalización debía entregar su informe el próximo martes; sin embargo, se analiza ampliar el plazo hasta el jueves de la siguiente semana.
El miércoles pasado, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero señaló que este proceso de fiscalización es importante porque permitirá aclarar las denuncias de supuestas irregularidades en la Judicatura. Y cuestionó nuevamente a Cevallos por no haber comparecido ante la Mesa Legislativa.
El argumento del vocal fue que el proceso carece de validez, porque no se les ha dado el tiempo suficiente para ejercer su derecho a la defensa. La razón: los plazos para la etapa de pruebas, según establece el Código de la Función Legislativa, el tiempo para presentar las pruebas de cargo y descargo es de 15 días.
Para Cordero, el Titular de la Judicatura debía dar la cara, “si no tiene nada que ocultar”.
Ahora, se debe esperar para conocer qué resolverá la Comisión y saber si el caso va a juicio político, ante el Pleno o no.