El Gobierno argentino podría escribir esta noche uno de los capítulos más controversiales dentro de su áspera relación con la prensa.
En la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá un informe de 400 páginas sobre las supuestas irregularidades que, a juicio del oficialismo, significó la adquisición de Papel Prensa, por parte de los grupos periodísticos La Nación y Clarín, en noviembre de 1976.Papel Prensa es una empresa que produce el 75% de esta materia prima para unos 170 diarios argentinos. Clarín posee el 49% del paquete accionario; La Nación el 22,5% y el Estado argentino el 27,5% restante.
Sin embargo, el oficialismo y sus medios aliados han cuestionado el proceso de compra de las acciones de esa empresa que los dos grupos periodísticos arriba citados realizaron hace 34 años con el Grupo Graiver, fundador de Papel Prensa, en 1972.
El Gobierno argentino señala que Lidia Papaleo, viuda del fundador David Graiver, se vio forzada a vender sus acciones a Clarín y La Nación, bajo los mecanismos de presión de la dictadura militar de entonces (1976-1983).
Esta es la principal tesis del informe “Papel Prensa, la verdad”, que la presidenta Kirchner hará público esta noche. No obstante, para diarios como La Nación no es otra cosa que una “historia falsa”, a través de la cual el Gobierno busca intervenir a la estratégica empresa, para controlar el abastecimiento de papel y con ello coartar la libertad de expresión.
Según Eduardo Lomanto, directivo de La Nación, el Grupo Graiver atravesaba problemas financieros y económicos. David Graiver murió en agosto de 1976, en un accidente aéreo, y cuatro meses más tarde (2 de noviembre) se produjo la venta del 35% de las acciones de esa familia por un valor de USD 8 millones; unos USD 30 millones actuales.
Para el momento de la transacción -aclara La Nación-, los Gaiver todavía no eran señalados por el Régimen dictatorial de haber tenido vínculos con el grupo guerrillero de izquierda Los Montoneros. Esa supuesta relación hizo que los militares en el poder persiguieran y detuvieran ilegalmente a la esposa del fundador y otros miembros de la familia, Juan e Isidoro Graiver. Los militares les sometieron a toda clase de torturas.
Lomanto insiste en que la transacción se produjo cuando la viuda de Graiver estaba en libertad, pues ella fue detenida recién en marzo de 1977, según consta en una entrevista concedida a La Nación, el 12 de octubre de 1989.
Sin embargo, en otra carta pública, Lidia Papaleo ha insistido en que fue obligada por los militares a efectuar la venta de Papel Prensa y que Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, le había dicho: “Firme o le costará la vida de su hija y la suya”.
En el centro clandestino de detención Puesto Vasco, también fue torturado Gustavo Caraballo. Él fue secretario técnico de la última presidencia de Juan Domingo Perón y ex embajador en la Unesco. Allí conoció a Papaleo.
En una carta que publicó ayer La Nación, titulada “No hay democracia sin verdad”, Caraballo negó que hubiera existido un extorsión militar en la compra de Papel Prensa.“Como abogado del ex ministro de Economía, José Ber Gelbard, este me encomendó visitar a Lidia Papaleo de Graiver para gestionar el pago de una deuda de USD 6 millones’ La visité a principios de 1977, creo que en febrero o marzo”.
“La señora Papaleo me dijo que estaba acorralada por las deudas y me mostró la nómina de las compañías que conservaban. No estaba en esa nómina Papel Prensa porque ya la había vendido ”.
Caraballo se ha convertido en un testigo fundamental en esta disputa, pues reconoce que “la familia Graiver soportó todo tipo de apremios y vejámenes, pero que no tuvieron que ver con Papel Prensa”; Caraballo también fue arrestado por supuestos vínculos con Montoneros.
Pero la agencia estatal de noticias Telam recurrió a un libro del genocida Ramón Camps para desmentir a Caraballo y confirmar el asedio que Lidia Papaleo había recibido de parte del José Ber Gelbard en esos años.
Lomanto dice que el oficialismo ha sido contradictorio en el manejo de los hechos históricos. “La tesis de que Clarín y La Nación participaron en un complot con los militares para presionar a los Graiver no se sostiene. Ellos declararon cuando llegó la democracia, en 1986, y no hubo ninguna acusación en nuestra contra”. Según La Nación, el Gobierno solo pretende controlar a la prensa.
La semana anterior, la Casa Rosada canceló la licencia de la proveedora Fibertel. Esta firma da servicio de Internet y es parte de multimedios Clarín.