6 de July de 2010 00:00

Jueza Rojas no suspendió los ‘spots’

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Redacción Política

Gladys Rojas, jueza Tercera de lo Laboral de Pichincha, no aceptó los argumentos para suspender la propaganda gubernamental contra la prensa del país.

La jueza se tomó ocho horas para reflexionar su decisión. A las 17:00, de ayer notificó su fallo que señaló que la demanda que presentaron los asambleístas de oposición: César Montúfar, Fausto Cobo y Tomás Zeballos no cumplió con los requisitos fundamentales para suspender la campaña.

La resolución se tomó con base a las declaraciones que en la mañana presentaron los legisladores demandantes y los representantes de la Secretaría de Comunicación y de la Procuraduría, quienes se unieron para defender la potestad del Régimen para difundir esos ‘spots’.

En esa diligencia, Montúfar y Zeballos (Cobo faltó) trataron de convencer de que la publicidad, en la cual aparecen hombres y mujeres haciendo gestos con sus manos para referirse a los medios es atentatoria e intenta generar un rechazo colectivo, justo en el momento que se tramita en la Asamblea una Ley de Medios.

Montúfar advirtió que para crear ese ambiente el Gobierno usó los partidos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. “La frecuencia y la intensidad de un mensaje que resulta dañino, también es una violación a los derechos constitucionales”, argumentó.

Sin embargo, tuvieron más peso los alegatos que entregaron los representantes del Gobierno y del Estado. Marcelo Jaramillo defendió con más vehemencia la tesis de que Gobierno tiene derecho a difundir su pensamiento y su opinión. Él representó al secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, quien no acudió a la diligencia judicial.

Jaramillo manifestó que los asambleístas se atribuyeron la facultad de defender a toda la sociedad y que en su querella se pudiera menospreciar a los ciudadanos que “no son borregos para hacer caso a una propaganda...Somos un pueblo pensante porque le repitan una cadena no vamos a creer a unos o a otros”. Repitió que la propaganda es impersonal y que no afecta a ninguna persona.

Ximena Molina, de la Procuraduría, coincidió con él y agregó que en diciembre del año pasado, Montúfar presentó otra demanda por una publicidad del Gobierno contra la prensa, pero también fue desechada.

La CIDH alertó al Gobierno el 26 de marzo pasado

El 26 de marzo se desarrolló en Washington el 138 período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA.

En ese espacio fue analizada la situación de la libertad de expresión en el Ecuador. Con la presencia de Fundamedios, promotora de la audiencia ante la OEA, y de Rafael Balda, asesor del Gobierno, se habló del momento que vive el país, a propósito del debate de la Ley de Comunicación y del hostigamiento que medios y periodistas afrontan.

Al respecto, Catalina Botero, relatora especial de la CIDH, fue muy crítica. “Los funcionarios públicos tienen un derecho a la libertad de expresión, pero también unos límites mucho mayores que los ciudadanos, porque tienen un deber de garantía”.

Según explicó la Relatora de DD.HH., los funcionarios públicos no pueden imputar delitos. Antes debían haber recurrido ante las autoridades judiciales. En segundo lugar, los funcionarios no pueden aumentar el riesgo en una sociedad que a criterio de Botero, ya muestra serios síntomas de polarización.

Su advertencia toma vigencia ahora que el Gobierno defiende los mensajes ofensivos en las cuñas durante los partidos del Mundial. Allí, el Régimen acusa de manera generalizada a los medios de presuntos delitos sin hacer ninguna precisión.

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