11 de July de 2010 00:00

Juez analiza pedido de consulta legislativa

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Redacción Sierra Centro

En una semana se conocerá la decisión del juez Quinto de lo Civil de Pujilí, Edwin Palma, sobre la acción de protección en contra de la ley de Comunicación.

Este recurso fue planteado por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) para evitar la aprobación del proyecto de ley. Ayer se realizó la audiencia para escuchar a las partes. La diligencia se inició a las 09:08.

fakeFCKRemoveLa asambleísta Lourdes Tibán, su esposo Raúl Ilaquiche, Dioselinda Iza (presidenta del MICC) y Juan Alvear (abogado de la Asamblea y representante de Fernando Cordero) acudieron puntuales a la cita. La pequeña oficina del Juzgado Quinto de lo Civil de Pujilí resultó estrecha para recibir a medio centenar de dirigentes indígenas, periodistas y abogados.

La calle Juan Salinas fue cerrada al tráfico vehicular. Un grupo de policías armados se encargaron de la seguridad de los asistentes.

El juez Palma estuvo calmado durante el evento y dijo que no teme posible represalias.

Ilaquiche empezó el acto público. Expuso los fundamentos que llevaron al MICC a solicitar el amparo. Durante 42 minutos, este dirigente indígena y abogado de profesión, con la Constitución en las manos y su tradicional sombrero, insistió en pedir el llamamiento a una consulta prelegislativa y que se suspenda el tratamiento del proyecto de Ley de Comunicación.

El 42% de este proyecto, según Ilaquiche, se refiere e involucra a los derechos colectivos de los 18 pueblos indígenas y 13 nacionalidades. “Son organizaciones con identidad propia y sujetos jurídicos de derecho, cobijados por los 21 numerales del artículo 57 de la Constitución. Este proyecto estaba listo para aprobarse, a toda costa, pero la acción de protección interpuesta por el MICC trastocó sus intenciones”.

La dirigencia del movimiento indígena sostiene que el proyecto de Ley de Comunicación los involucra, entre otros, en los artículos 6, 19, 22, 25, 26, 34, 36, 38, 52, 53, 62, 63, 74, 101. “La Constitución nos garantiza la creación de nuestros propios medios de comunicación sin discriminación. Este proyecto nos impide ejercer ese derecho. La Asamblea debía haber consultado a los pueblos para conocer nuestro parecer, pero no fue así”, señaló Ilaquiche.

Por ello, él considera que el Legislativo debía realizar una consulta prelegislativa, para conocer su visión sobre la propuesta legal.

“La consulta es un derecho colectivo indígena reconocido por el artículo 57 de la Constitución, en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT y en el artículo 19 de la declaratoria de la ONU sobre los derechos indígenas”, afirmó.

Este argumento sirvió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para aplazar la aprobación de la Ley de Aguas. Su decisión se tomó en medio de duros enfrentamientos entre el Régimen y la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Sin embargo, para Juan Alvear, representante de Cordero, no es procedente realizar una consulta prelegislativa porque no se ha topado ningún derecho colectivo. Además, a su criterio, el amparo constitucional no tiene fundamentos porque no se han violado los derechos fundamentales. “Se trata de un proyecto y no de una Ley, lo que no significa que sea una acción violatoria”.

Alvear además cuestionó la representatividad que tiene Dioselinda Iza. “Ella no representa a una comunidad sino a un movimiento (MICC). Es una barbarie jurídica pedir que se deje sin efecto el trámite del proyecto. Tampoco proceden las medidas cautelares”, argumentó.

Ilaquiche y Carlos Poveda, abogado defensor, volvieron a pedir la palabra para desvirtuar el argumento de Alvear. “La consulta prelegislativa debe tomarse como un derecho fundamental y no como un requisito formal. La Comisión Especializada Ocasional no tomó en cuenta las apreciaciones de las organizaciones indígenas”, sostuvo Poveda.

Ilaquiche reiteró que el MICC está integrado por comunas, personas e indígenas que representan a 32 organizaciones de segundo grado. Es legal y representa debidamente a estos colectivos”.

A las 10:30, la computadora donde se redactaba la audiencia se bloqueó durante 10 minutos. Eso distendió los ánimos de los participantes. Lourdes Tibán, incluso, bromeó: “antes de que pase una desgracia' den imprimiendo la audiencia. Llamen al representante de la Judicatura de Cotopaxi para que vea cómo se trabaja en estos juzgados”.

Durante la diligencia, los abogados de ambas partes seguían involucrados en una guerra dialéctica. Cada quien exhibiendo artículos de la Constitución e interpretándolos. Cada bando entregó pruebas escritas y argumentos orales que fueron transcritos.

Luego de cinco horas de discusión y análisis, el Juez aseguró que resolverá el caso en una semana. Mientras tanto, cientos de indígenas gritaban en los exteriores del Juzgado consignas contra la ley.

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