26 de December de 2010 00:00

La Judicatura secuestró la reforma

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Carlos Rojas.

El Gobierno aún no ha mostrado con claridad el alcance de su política en contra de la inseguridad que afecta al país. Por un lado están las reformas legales y por otro la búsqueda de una enmienda constitucional. ¿Por qué?

No podríamos entender estas reformas si no la planteamos en el contexto de estos cinco ejes que el Presidente de la República ha anunciado: lo que concierne al rol de FF.AA. y Policía Nacional; a la reestructuración de esta última institución; todo lo relacionado a la depuración del sistema judicial y su reestructuración. Y finalmente, el cambio en el sistema de rehabilitación social. En ese marco, la reforma penal consolida la necesidad de la ciudadanía en torno al endurecimiento de penas, a la redefinición y tipificación de nuevos delitos y a la reforma de los procedimientos de la Fiscalía y de las judicaturas.

¿Por qué el Gobierno actúa únicamente como respuesta a un clamor coyuntural de la ciudadanía y no sobre una política de largo plazo?

Todo lo contrario. Estamos construyendo una política criminal que busca prevenir los delitos, lograr una respuesta judicial y de la reinserción social.

¿Esta política la inició usted, tras llegar al Ministerio en abril pasado?

Sí, hace ocho meses.

Hay sectores de la oposición que dicen que esto de las reformas penales se da porque el Gobierno se deja llevar por lo que dicen los sondeos, en los que ahora lo popular es el endurecimiento de penas; una tesis que no fue acogida en los primeros idearios de Alianza País.

Qué podemos esperar del discurso demagógico de la oposición, que pretende manipular y desgastar la gestión del Gobierno. Caer en ese debate estéril no tiene sentido.

Al contrario, ahora el Gobierno, Madera de Guerrero y los socialcristianos están más cercanos en cuanto a la necesidad de endurecer penas en el país.

Cuando hablamos de combatir la inseguridad solo desde la reforma penal es un error. Nosotros tenemos un plan integral donde el debate pasa por el tema de la impunidad y del rol que cumplen jueces y fiscales en el despacho de las causas. Los jueces que no han podido o querido, o simplemente sus jefes, quienes manipulan los discursos, les han dispuesto que actúen en contra de los intereses de la ciudadanía con esos fallos. Para solucionar esto hay que establecer reformas.

Usted acusa a los jueces, pero ellos culpan a los fiscales de no investigar con rapidez y de crear un dique. ¿Por qué el Gobierno no es igual de crítico con este sector?

Cuando nosotros revisamos las providencias de los jueces que dictaminan las órdenes de libertad de las personas recluidas, nos damos cuenta de que ellos no multan o sancionan a un fiscal, a un testigo, a un perito, al abogado defensor del imputado o al mismo procesado. Lo que han hecho es determinar que como no hubo responsabilidad de todos ellos, se otorga la caducidad de prisión preventiva. Si los jueces no sancionan a las otras partes procesales, entonces asumen la responsabilidad de otorgar estas órdenes de libertad.

¿Cree que la Fiscalía, en manos de Washington Pesántez, ha sido un ente judicial diligente?

Las responsabilidades de su trabajo y la de los jueces deben ser debidamente determinadas y auditadas.

¿Pero usted, en esta tarea, es más crítico con los jueces que con los fiscales?

Quienes han ordenado la libertad de la prisión preventiva en los cerca de 4 026 casos de caducidad son los jueces y no los fiscales. Si en esas providencias se culpara a los fiscales, también seríamos críticos con ellos.

Este es el primer Gobierno que en 30 años tiene un Ministerio de Justicia. Más allá de culpar a los jueces, ¿cuáles son los resultados de esta Cartera en el fortalecimiento de la Función Judicial en el Ecuador?

Nadie está echando la culpa. Hemos establecido un diagnóstico con las responsabilidades del caso. Aquí la Justicia se administra en función de los intereses particulares. La evaluación pasa por determinar cómo construir una agenda de justicia y derechos humanos para hacer la rehabilitación social. Nuestro plan está en manos del Consejo de la Judicatura, que no lo implementa. El tema de fondo es que el Sistema Judicial solo administra la cosa pública y no su transformación.

Lo que está claro es que desde el Gobierno y este Ministerio no han logrado mantener un diálogo político con la Función Judicial.

Con el Consejo Consultivo de la Justicia se ha llegado a todos los niveles de coordinación: existe el plan de implementación del Código Orgánico de la Función Judicial, existe la política anticriminal, el plan emergente y la auditoría de jueces y fiscales. Pero en el Consejo de la Judicatura se secuestra la transformación de la Justicia. Han secuestrado a su propio presidente (Benjamín Cevallos), que sabemos que es muy buen profesional'

Él puso a disposición su cargo, ¿cree que es correcto que deje la Judicatura?

El tema de fondo es que el proceso de transformación de la Justicia está secuestrado por la Judicatura y eso es algo que no podemos tolerar por ningún motivo.

Si esta Judicatura no ha dado la talla, como usted lo dice, y el Consejo de Participación Ciudadana tardará al menos siete meses más en nombrar al nuevo colegiado, ¿qué se puede esperar en el futuro inmediato?, ¿seguirá el secuestro de la Justicia?

El Gobierno va a entregar todos los recursos, pero si la Función Judicial y la Judicatura no inician un proceso de rendición de cuentas de jueces y de depuración del sistema, no habrá posibilidad de dar un siguiente paso.

¿No hay dispersión desde el Gobierno en la asignación de tareas y responsabilidades en materia antidelincuencial a tantas cabezas: al Ministerio de Justicia, al del Interior, al de la Defensa, Seguridad Interna y Externa, Secretaría de Inteligencia?

No, porque tenemos la coordinación del Ministerio de Seguridad y se ha generado una suerte de especialización en las distintas instancias.

Más allá de todo este diagnóstico, de los planes que el Gobierno dice haber implementado, de las críticas a la Función Judicial, de las reformas que se vienen, ¿cuándo la ciudadanía va a sentir que el tema de la delincuencia y la seguridad están realmente controlados?

Los nuevos cambios al sistema de Rehabilitación Social, bajo el respeto de los derechos humanos pero de mayor control en el sistema carcelario, reflejarán los primeros resultados en el primer trimestre del año que viene (2011). Las auditorías que planteamos van a durar alrededor de seis meses. Pero insisto, es necesario depurar el Sistema Judicial y quien no lo hace se está yendo en contra de los intereses de la ciudadanía.

¿Entonces, los miembros del Consejo de la Judicatura deberían renunciar como una medida dramática para avanzar con esta suerte de depuración?

En ese tema no vamos a inmiscuirnos, pero si hay una instancia de ciudadanos que solo administra la cosa pública y no la transforma, ellos deben dar un paso al costado para continuar con este proceso que beneficia a la ciudadanía en general.

Mientras tanto, el presidente Rafael Correa busca someter a consulta popular las reformas de tipo penal'

Este es el verdadero cambio de época. El Ejecutivo y la Función Pública ya no solamente son una representación. Esto, porque ejercemos una participación real. En el caso de las enmiendas constitucionales así como lo manda la Carta Política.

Un referendo sobre temas penales y judiciales es algo muy delicado como para introducirlo en un debate que puede terminar en la demagogia de las urnas.

No podemos pensar en que la voz del pueblo no es mandatoria. La participación ciudadana es la razón de ser y el eje de nuestro Gobierno.

La encuesta de Informe Confidencial concluye, entre otras cosas, que los quiteños están de acuerdo con la justicia por mano propia y el endurecimiento de penas. ¿No es riesgoso someter a referendo un debate que se ha llegado a polarizar tanto?

Con la vigencia y garantía de los derechos humanos, del respeto por políticas que no son ni anacrónicas ni represivas, es importante consultarle a la ciudadanía hacia dónde avanzamos en la lucha contra la impunidad, la delincuencia y la inseguridad. No será una consulta de temas libres.

¿No cree que la reforma penal terminará trepada en una tarima de cierre de campaña electoral?

La participación ciudadana debe terminar con el discurso demagógico y clientelar de determinados partidos que quieren hacer del tema de la inseguridad un factor de oposición.

Ningún partido ha llevado a consulta popular temas como este y es en el marco de un referendo donde la demagogia y el clientelismo puede cobrar fuerza'

Hay que utilizar las herramientas constitucionales, apliquemos entonces la Carta Política. Asimismo, el código de garantías penales está en proceso. Estos son mecanismos para que la ciudadanía tome las mejores decisiones.

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