Los países demandados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberían disponer de un “banquillo más cómodo” para defenderse teniendo en cuenta los avances democráticos, declaró este miércoles el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Acusadores y defensores deben buscar más fórmulas conciliatorias que ayuden a aligerar el enorme atasco de casos pendientes ante la Comisión, antesala de la Corte con sede en San José, y eso pasa inevitablemente por aportar más dinero al ente autónomo, explicó Insulza al hacer un balance del año.
“Es necesario que se reconozca que la existencia ahora de gobiernos democráticos crea una situación diferente de cuando eran dictaduras”, expresó Insulza a los periodistas en su despacho de la sede de la OEA.
La represa de Belo Monte y los derechos de los indígenas afectados en Brasil, las multas a periodistas en Ecuador o la violación de derechos electorales de opositores en Venezuela fueron abordados recientemente por la CIDH o por la Corte, lo que despertó la irritación de esos gobiernos.
Brasil ha evocado la necesidad de “discutir” el papel que debe tener la Comisión con sede en Washington tras el afianzamiento de la democracia en la región.
Insulza considera sin embargo que los demandantes, a menudo defendidos por abogados de organizaciones no gubernamentales, también necesitan tener un banquillo “más cómodo”.
“El problema es de dónde sacamos la plata” para hacer frente a la explosión de demandas ante la Comisión, cuyo presupuesto depende de las aportaciones voluntarias de países miembros y de observadores.
“Nadie puede decir que hay más violaciones de derechos humanos que hace dos décadas atrás”, consideró el secretario general.
“La Comisión tiene que promover las soluciones amistosas”, añadió.
La Comisión, compuesta por siete miembros, adoptó recientemente una reforma para elegir a su secretario general, y su funcionamiento es objeto de debate en el seno del Consejo Permanente que agrupa a los 33 estados miembros de la OEA.
Un grupo de trabajo sobre esas reformas concluyó su informe, anunció su responsable, el representante mexicano ante la OEA, Joel Hernández, este miércoles.
El Consejo Permanente analizará el informe en enero.
Los problemas de la Comisión son los mismos que sufre la OEA, de un exceso de mandatos y falta de presupuesto, explicó Insulza a los corresponsales.
“El problema para nosotros es cómo financiamos las cosas nuestras. La imaginación (de los estados miembros) es fértil” para crear mandatos que luego la OEA no puede cumplir, se lamentó.