30 de May de 2012 07:07

Insulza acogió propuestas para restringir facultades de CIDH

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, acogió dos controversiales propuestas de cambio en las reglas que rigen el sistema interamericano de derechos humanos y que, en la práctica, limitan las facultades de la Comisión Interamericana para denunciar violaciones y brindar protección a favor de las víctimas.

En el informe presentado al Consejo Permanente de la OEA el 22 de mayo, Insulza se hace eco de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el 13 de diciembre de 2011.

En opinión de muchos usuarios y beneficiarios del sistema (como las organizaciones no gubernamentales venezolanas que integran el Foro por la Vida), en vez de fortalecimiento puede haber un debilitamiento de los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio.

Se teme que los cambios favorezcan a los Estados y perjudiquen a las víctimas.
Las reformas han sido impulsadas por los Estados afectados por las resoluciones de la CIDH, entre ellos Venezuela, Colombia y Cuba, que recurrentemente aparecen en el deshonroso capítulo IV de sus informes anuales como países donde no está plenamente garantizada la vigencia de los derechos humanos.

El secretario general de la OEA está de acuerdo con que se “revisen los criterios, metodologías y procedimientos para la elaboración del referido capítulo. En su informe, Insulza avala la incorporación al reglamento de la CIDH de “los cinco criterios que ha desarrollado para que un Estado sea incluido” en la llamada lista negra, como lo sugirió el Comité Jurídico Interamericano.

Además, Insulza no objeta la modificación del Estatuto de la CIDH en cuanto a la posibilidad de conceder medidas cautelares para proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos sin mayores formalidades. El riesgo es que con las recomendaciones acogidas por Insulza se burocratice y se dificulte el procedimiento que ha permitido afrontar amenazas, disminuir riesgos y, en definitiva, salvar vidas.

En oportunidades previas, el secretario general de la OEA ha contribuido con las críticas formuladas sobre la facultad de la CIDH para dictar medidas cautelares, al señalar que no figuran en el Estatuto de la Comisión, aprobado por la Asamblea General de la OEA, sino en el reglamento que la misma Comisión elaboró para regular sus funciones. Insulza ha dicho que las medidas cautelares “son simples recomendaciones”.

En el informe presentado ante el Consejo Permanente, el secretario general de la OEA no se refiere a la recomendación de limitar las fuentes de financiamiento y el presupuesto de las relatorías temáticas de la CIDH, lo cual afecta gravemente a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que ha destacado por su capacidad de recaudar fondos que incrementan el alcance de su gestión.

El debate sobre los cambios en las reglas que rigen el sistema interamericano de derechos humanos continuará en la Asamblea General de la OEA, que comienza este domingo en Cochabamba, Bolivia. Existe el riesgo de que las decisiones se tomen en reunión de cancilleres, a puerta cerrada.

Si, en definitiva, el informe de Insulza es aprobado por la  mayoría, las reformas serían un mandato de la Asamblea General de obligatorio cumplimiento por todos, incluso los usuarios y beneficiarios que dudan de la conveniencia y utilidad de los cambios.

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