1 de April de 2010 00:00

Pocas instituciones respetan las reglas de la Ley de Transparencia

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Redacción Política

Ayer a las 24:00 terminó el plazo para que 5 000 instituciones públicas y privadas que manejan dinero estatal presentaran su informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip).

El artículo 7 de esta norma estipula que todas estas instituciones deben publicar en su página web la información referente al manejo presupuestario, viáticos, sueldos, los contratos suscritos y los incumplidos; las autoridades, sus planes de trabajo, entre otros.

fakeFCKRemoveAdemás, establece que cada año, las entidades deben presentar un balance del cumplimiento de esta norma ante la Defensoría del Pueblo. El plazo venció ayer y, según datos obtenidos por esa entidad hasta el mediodía, apenas 110 instituciones presentaron ese reporte obligatorio.

Hace dos semanas, la Defensoría alertó a las instituciones de que el periodo para presentar sus reportes estaba por fenecer. Lo hizo a través de un comunicado, en el cual advertía de las sanciones que podían recibir en caso de que no cumplieran la obligación.

Esa advertencia no tuvo éxito. Hasta el martes último, un día entes de que terminara el plazo, 10 entidades habían entregado su informe anual. Entre ellas, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el Cabildo de Guayaquil, el Ministerio del Litoral.

Y hasta el mediodía de ayer, llegaron los reportes de otras 100 entidades, especialmente provinciales. También el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, entregó su informe en la sede de la Defensoría.

Según el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, la próxima semana se presentará una cifra oficial de los organismos que no cumplieron la medida. Él espera que se mejore la cifra del año pasado, que llegó a 197 instituciones que cumplieron con la Ley.

Uno de los problemas, según el Defensor del Pueblo, es que no existe un mecanismo para vigilar el cumplimiento de la norma. “No tenemos suficientes recursos, ni humanos ni financieros, para poder crear un equipo técnico que se encargue de verificar la información entregada y saber si es cierta”, explicó Gutiérrez.

En ese sentido, se han presentado varios pedidos para la transferencia de recursos ante el Ministerio de Finanzas, pero aún no han obtenido una respuesta.

A pesar de este panorama, Ruth Domínguez, presidenta Ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, cree que sí hay avances en el cumplimiento de la Ley de Transparencia en relación con el 2008.

Desde el ese año, Participación Ciudadana analiza las acciones que cumplen 28 instituciones públicas o que manejan dineros del Estado (18 de Guayaquil y 10 nacionales). Dentro de ese estudio se encuentra un análisis sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Según Participación Ciudadana, el último resultado (2009 y lo que va de este año) demuestra que las 28 instituciones monitoreadas han mejorado en el cumplimiento de esta norma.

Por ejemplo, la Contraloría ocupa el primer lugar en el acatamiento de la Ley, le siguen la Asamblea y el Consejo de Participación y Control Ciudadano.

“Cuando se inició el estudio, varias entidades no cumplían lo que ordenaba la Ley. Ahora, dos años después, han mejorado notablemente. Publican sus presupuestos, sus contratos, sueldos, etc.”, dijo Domínguez.

Sin embargo, explicó Domínguez, todavía existen instituciones que no respetan la normativa. Una de ellas es la Corte Nacional de Justicia. En su página web no hay datos sobre el manejo financiero de la entidad y otras datos que deben ser públicos, como lo señala la Ley de Transparencia.

“Esto nos demuestra que todavía nos falta mucho por hacer. Pero el proceso inició y se deberá seguir adelante con la aplicación de esta norma”, afirmó Domínguez.

El Defensor del Pueblo no quiso anticipar sobre las sanciones que impondrá a las instituciones que no respetaron la normativa. El trabajo será duro, pues, además de cuantificar las entidades que no presentaron sus reportes, también se debe comprobar los datos que incluyeron en los informes.

“En años anteriores ya hemos llamado la atención a varias entidades. Si este año no cumplen, también serán sancionadas, pero ahora será más fuerte el castigo”, anticipó Gutiérrez.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece sanciones que van desde multas hasta la separación del cargo para los funcionarios públicos que no hayan respetado las normas.

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