5 de July de 2011 00:03

La inseguridad y los mensajes

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La visión gubernamental sobre el juzgamiento y las sanciones a la delincuencia ha cambiado 180 grados en estos años. ¿Qué ha sucedido en el camino para que AP haya pasado de una legislación destinada a minimizar los delitos y a rebajar las penas, a otra en la cual se endurecen las condiciones de la prisión preventiva, en virtud del resultado de la consulta?

¿Y qué ha cambiado desde el mensaje que alentaba a dejarse robar las pertenencias con tal de preservar la vida, hasta el sábado último, cuando el presidente Rafael Correa defendió al ciudadano que atropelló en Guayaquil a un supuesto delincuente, y dictaminó que se trata de un caso de legítima defensa?

Si la realidad de la inseguridad no ha cambiado salvo, según el Gobierno, en la violencia con que se cometen ciertos delitos, entonces cabe suponer que lo que ha cambiado es la percepción gubernamental de éste que es considerado con mayor insistencia por la ciudadanía como el principal problema del país.

No deja de ser una buena noticia que haya mayor realismo en las autoridades, a condición de que el diagnóstico se convierta en acciones concretas. Sin embargo, preocupan dos aspectos que pueden complicar definitivamente el tratamiento del problema.

El primero: la reiterada intención de dictar desde el Poder Ejecutivo las líneas de acción del Poder Judicial, lo cual es una intromisión peligrosa. El segundo, quizás más grave: el mensaje sobre los derechos de los presuntos delincuentes, que antes estaban sobregarantizados y hoy pudieran diluirse frente a las que pueden ser tomadas como invocaciones a la justicia por mano propia. Esa delgada línea nunca debe ser vulnerada.

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