Al contrario de lo que se lee en las encuestas -incluso en las que maneja el propio Gobierno y en las cuales la inseguridad ciudadana aparece como una de las primeras preocupaciones nacionales-, en el informe presidencial del 10 de Agosto se destinó al tema apenas el uno por ciento del tiempo.
¿Por qué el tema más visible para el pueblo sigue siendo el más invisible para el Gobierno? La paradoja se reflejó en el discurso de Correa, cuando dijo que entiende el clamor de la gente en materia de inseguridad, aunque es fácil demostrar que el país sigue siendo uno de los más seguros de la región. Si fuese el más seguro, el clamor no existiría ni sería necesario que la máxima autoridad lo “entendiera”.
Las dos soluciones planteadas son bastante vaporosas: estudiar si hay relación entre la inmigración y la delictividad, para tomar las decisiones que privilegien el bienestar y la seguridad del pueblo, y convocar a todas las entidades involucradas a una reestructuración, lo más pronto posible, del sistema judicial.
Conviene recordar que en esta era presidencial ya hubo una reestructuración del sistema judicial, se eligió autoridades de control a tono con la mayoría gobernante y se hicieron reformas penales. Extraña que un Gobierno que tiene un gran sentido de urgencia en otros ámbitos no haya definido los tiempos para este, pese a que a la vez ha invertido grandes recursos en reforzar al sistema policial.
Por supuesto, la inseguridad ciudadana es un asunto muy complejo para cualquier Gobierno, pero la peor fórmula es insistir en invisibilizarlo.